Buscan que los divorciados puedan inscribirse en el Registro Único de Demanda Habitacional

Locales 11/06/2017
La modificación a las ordenanzas de entrega de tierras apunta a quienes se hayan separado también puedan ingresar a un terreno fiscal en Ushuaia.

En el ámbito del Concejo Deliberante de Ushuaia, está surgiendo un proyecto por el cual se busca que los separados puedan anotarse en el el Registro Único de Demanda Habitacional, dado que dos ordenanzas vigentes no lo permiten. 

El concejal justicialista Juan Carlos Pino, autor de la iniciativa, explicó que la medida busca la modificación de la Ordenanza 3131 (de creación del Programa de Evaluación del Registro de Demanda Habitacional) y de la Ordenanza 5055 (que regula la adjudicación de tierras municipales) con el objeto de que aquellas personas que hayan sido adjudicatarias o coadjudicatarias de bienes inmuebles dentro del ejido urbano y estén divorciadas puedan inscribirse en el Registro Único de Demanda Habitacional.

Para poder inscribirse, se deberá ceder los derechos del inmuebles sobre los hijos o de su excónyuge o exconviviente o del cotitular del mismo y no deberá poseer otro bien inmueble en la provincia. Además, deberá certificar la cesión mediante sentencia judicial, acuerdo homologado judicialmente, en el marco del CEDEME (Centro de Mediación) o por acuerdo de partes mediante escritura pública que se encuentre inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Tierra del Fuego.

El presidente del Concejo, explicó que la moción “busca dar respuesta a aquellas personas separadas que hoy no pueden volver a inscribirse en el Registro de Demanda Habitacional porque previamente resultaron adjudicatarias con su pareja y tampoco cuentan con recursos suficientes para poder acceder a una vivienda propia dado los altos costos del mercado inmobiliario”. Indicó que “tampoco escapan a la situación del resto de los vecinos a quienes día a día se les hace cuesta arriba sostener el alquiler de una vivienda dada la inflación creciente que existe”.

El proyecto prevé que sean excluidas de lo normado las personas que en su accionar violen los artículos 9 y 12 del Código Civil y Comercial de la Nación (Principio de Buena Fe/Orden Público. Fraude a la ley) y el artículo 174, inciso 5, del Código Penal de la Nación (fraude en perjuicio de la Administración Pública).

Cabe mencionar que el asunto fue abordado por la Comisión de Información y Debate Ciudadano y volvió a su comisión de origen. Los concejales determinarán si avanzan con la moción para tratarla en la próxima sesión ordinaria prevista para el 14 de junio.

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