La iniciativa del Frente Renovador busca crear una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para evitar el "abuso de posición dominante" de las empresas con los precios.
Nacionales 20/05/2017
Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados por el Diputado Nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador UNA, propone la creación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, tendiente a verificar a las grandes empresas formadoras de precios para evitar que constituyan abuso de posición dominante, a través de sanciones y multas que van desde cien mil hasta doscientos cincuenta millones de pesos.
El parlamentario explicó que “la defensa de la competencia fue expresamente incluida en la reforma constitucional de año 1994 (art. 42), siendo un instrumento fundamental para la organización de un mercado eficiente y dinámico apto para el desarrollo económico” y agregó que “es importante que exista un organismo autónomo del Estado en defensa de la competencia y de los consumidores, mitigando el riesgo de discrecionalidad con fines de oportunismo político y fenómenos de captura de la política pública por parte del sector privado”.
Asimismo enfatizó en que “es necesaria la creación de esa Comisión como un ente autárquico, con autonomía económica y financiera, el cual también actuaría como una primera instancia judicial, en materia de sanciones administrativas” a la vez que señaló que “dada la celeridad necesaria en la regulación de la actividad comercial, es de vital importancia contar con una institución especializada que pueda resolver conflictos de forma rápida y eficaz”.
También aseguró que “de nada sirve un mandato constitucional o un organismo de defensa de la competencia que no tenga la potestad de sancionar cuando se descubre un comportamiento de posición dominante de mercado que va en contra de los consumidores” y detalló que “la norma apunta a controlar a los verdaderos formadores de precios, que están concentrados en un 60 % en las grandes industrias y superficies de comercialización”.
Según el proyecto, “quienes realicen los actos prohibidos serán sancionados con una multa de cien mil pesos ($ 100.000) hasta doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000), monto que se actualizará por las cifras de inflación. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán. Por su parte, se detalla que “la Comisión podrá solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, embargadas o inhibidas”.
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