Cruces por las compras reservadas de la Secretaría de Seguridad de la Provincia

Locales 04/07/2018
El secretario de Seguridad concurrió a la Legislatura, por pedido de la Comisión de Seguridad en donde se busca conocer los gastos secretos de la cartera que conduce Eposto.
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Una nueva discusión sucede en el la Comisión de Seguridad de la Legislatura en donde el secretario de Seguridad de la Provincia, Javier Eposto, debió concurrir para hablar sobre los gastos secretos que realizó esa cartera y cuyas compras no salen a la luz por una ley creada durante la gestión de gobierno de Fabiana Ríos.

Ayer en horas de la mañana Eposto se presentó en la Comisión a pedido de la Presidenta de la Comisión de Seguridad, la legisladora Noelia Carrasco, para presentar los resultados del dictamen del Tribunal de Cuentas sobre las compras.

“Estas compras se realizaron en cumplimiento de la ley 1015 de Compras y Contrataciones vigente, y que es una Ley de este gobierno, sino del gobierno anterior. En la misma se estipula que, cuando se requiere adquirir material sensible para la seguridad, se lo realice de forma secreta. Eso no implica que no haya controles, ni un proceso transparente. Por eso, todas las actuaciones fueron debidamente giradas a la Auditoría Interna y al Tribunal de Cuentas para su monitoreo y evaluación”, justificó el funcionario.

En relación a las compras efectuadas, el Secretario señaló que las mismas “eran necesarias, legales y reservadas porque la Policía provincial las necesita para combatir el delito.  A partir de la incorporación de los nuevos equipamientos, mejoró notablemente la eficacia policial. Hemos disminuido en más de un 60% el robo con armas, en un 40% la tentativa de hurto y en un 16% la cantidad de flagrancias. Estamos combatiendo el narcotráfico como nunca antes y en conjunto, con todas las fuerzas tirando para el mismo lado, ya sacamos 280 kilos de droga de la calle en estos meses”.

Por su parte, el legislador y parte de la Comisión, Pablo Villegas, cruzó al Secretario al decir que “ha quedado en claro que por encima de la Constitución no hay ningún funcionario, todos los funcionarios sean del Poder Ejecutivo, Judicial o Legislativo tenemos la obligación de rendir cuentas” y agregó “que el derecho a la información, es un derecho que nos reconoce nuestra Constitución y los tratados de Derechos Internacionales”.

En ese orden, señaló que se detectó  que  “los expedientes ratifican lo que habíamos afirmado días atrás, porque hay tres de ellos que están refoliados sin la debida constancia administrativa. Queda corroborado que no se han respetado las reglas de la contratación directa y que, salvo dos casos puntuales, la mayoría de las compras que se han efectuado, se han realizado de manera ilegal e ilegítima, bajo la modalidad de compra secreta, cuando no correspondía”.

Por su parte, Eposto respondió que “la denuncia penal fue desestimada por la Justicia; y el Tribunal de Cuentas fue muy claro al establecer que no hubo perjuicio fiscal; sino sólo algunas observaciones formales de carácter administrativo. Estas observaciones fueron subsanadas por el personal de planta permanente de la Secretaría, como en cualquier otro tipo de expediente. El Tribunal ha sido muy preciso en su dictamen al señalar que las contrataciones “no han generado perjuicio al erario público provincial” informó Eposto.

En relación a los requerimientos previos de los legisladores Mónica Urquiza y Villegas de acceder a los expedientes por fuera de la Comisión de Seguridad y en el marco de la ley 653 de Acceso a la Información, los mismos fueron desestimados por la Jefatura de Gabinete, por tratarse precisamente de una excepción a la norma referida.

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