Concejo aprueba la adhesión a la ley antidoping para funcionarios

Locales 09/08/2018
Los funcionarios tendrán 48 horas para realizarse el examen de detección de consumo de droga y al detectarse se deberán someter a un tratamiento.
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Los concejales aprobaron este jueves en sesión especial el proyecto por el cual se adhiere a la ley provincial Nº 1233 de controles de antidoping para funcionarios públicos, alcanzando desde el intendente hasta los encargados de distintas aéreas, empresas, juzgado de faltas, Sindicatura General Municipal y Concejo Deliberante.

“Establecimos que los funcionarios deberán realizarse el examen obligatorio de detección de drogas en sangre, u otro método que garantice mayor eficacia de detección, a diferencia de la ley que imponía un método menos confiable” dijo el concejal de ECoS, Silvio Bocchicchio.

“Se trata de una propuesta que no sólo tiene que ver con el consumo de drogas, sino que se admite que existe un consumo ilegal. Propongo que sea remitido a comisión para salvar la falta de debate que no tuvo en la Legislatura y que llegó al Concejo para que adhiramos sin fundamentos alguno”, agregó.

No obstante, el concejal especificó que la ley “tiene muchas falencias” y que por ejemplo el plazo que dispone para realizarse el estudio es mucho mayor al que perduran las drogas en el organismo, como el examen de orina “es vulnerable” en comparación con otros como los estudios de sangre.

 “La ley tampoco contempla la ayuda a la persona que se detecta un problema de consumo, porque qué pasa con el pibe que es policía y se le detecta este tipo de problema, qué ayuda le brindamos. En la municipalidad por un lado le damos pasantías a las personas que están en recuperación y por otro lado los expulsamos, es contradictorio”, reflexionó Bocchicchio.

CONCEJAL ROMANO

Por su parte el concejal Juan Manuel Romano (UCR) sostuvo que “entendemos las falencias que señaló el concejal Bocchicchio, habiendo vivido o conocido amigos o parientes que está pasando por el flagelo de esta enfermedad que nos toca de una manera de u otra a todos los que vivimos en Tierra del Fuego”.

Romano cuestionó el objetivo de la ley y sostuvo que “no sé si habla de salud, de persecución, de que el Estado se está haciendo cargo de lo que le toca. Pero me pregunto qué pasa con la persona que tiene una enfermedad de este tipo, si lo colgamos en una plaza o lo apedreamos. Entonces mi pregunta es que sí de esta manera el Estado se va a hacer cargo de una enfermedad que nos viene azotando hace tiempo”.

“No tengo nada que esconder, puedo ser voluntario para hacerme los estudios. Perdí muchos amigos en el camino por estar expuesto a esta enfermedad porque el Estado tampoco se hizo responsable, tal vez porque no tenía los recursos, pero no lo sé. Nosotros vamos a adherir a la ley, pero también vamos a pedir que nos ocupemos realmente de esta enfermedad que nos toca a todos directa o indirectamente, que no elige pobres o ricos, que se soluciona con afecto, con amor, con acompañamiento médico y no prendiendo fuego a un ser humano frente a la sociedad”, remarcó el edil radical.

CONCEJAL PINO

En tanto, el presidente del Concejo, Juan Carlos Pino (FPV - PJ) aclaró que “en ningún lado dice la ley que va a gastar $10 millones, y en cuanto las denuncias que se realizan en las redes sociales sin dudas son partidarios que hacen su trabajo en detrimento de la oposición”.

“Estamos mezclando porque la ley tiene que ver con el control de los funcionarios y no con la gestión de control que tenemos para ingresar a la Provincia”, aclaró Pino y especificó que “esta ley está relacionada con los electos, con los políticos, con los que están designados por un decreto. Esta ley está destinada para aquellos que ocupamos cargos y en el caso de los que ocupan cargos de seguridad, el agente que es el encargado de la seguridad de la sociedad y que maneja un arma, debe hacerse el control”.

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