La legisladora libertaria Natalia Gracianía negó que la intervención del Puerto de Ushuaia responda a intereses estadounidenses, pero quedó expuesta por haber votado a favor del uso de fondos portuarios para financiar a OSEF, una de las prácticas hoy cuestionadas por Nación.

La nueva disposición habilita a las empresas a exigir verificaciones de identidad que, según advierten especialistas, podrían transformarse en trabas encubiertas para los consumidores.