
El Gobierno intervino nuevamente la obra social OSPRERA por 180 días

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 127/2026 mediante el cual se interviene por 180 días la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), luego de que la Cámara Federal revocara la restitución de su directorio en el marco de una causa judicial por presuntas irregularidades.
La medida se adopta tras la decisión de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que dejó sin efecto la resolución de primera instancia que había ordenado restituir a las autoridades desplazadas en la causa “Voytenco, José y otros s/Lavado de Activos”. El tribunal entendió que no se desvirtuaron los riesgos que motivaron las cautelares originales y que la mejora administrativa durante la intervención no alcanza para levantar las restricciones dispuestas en el proceso penal.
En ese contexto, el Ejecutivo nacional resolvió avanzar con una nueva intervención formal de la entidad por el plazo de seis meses, con posibilidad de prórroga a través del Ministerio de Salud.
Al frente de la obra social fue designado el doctor César Augusto Lococo, quien ya se desempeñaba como administrador provisorio por resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud. Tendrá las facultades que el estatuto reserva al Consejo Directivo y deberá presentar informes mensuales sobre la situación institucional, administrativa y prestacional.
Desde el Gobierno argumentaron que la decisión busca garantizar la continuidad del servicio médico-asistencial, considerado esencial, ante antecedentes de “grave deterioro institucional, económico-financiero y prestacional”, altos niveles de litigiosidad y endeudamiento.
OSPRERA ya había sido intervenida en 2024 por decreto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el plazo de esa intervención se encontraba vencido, lo que generó un nuevo escenario judicial y administrativo que ahora deriva en esta nueva medida.
Con esta decisión, la conducción de la obra social continuará bajo control del Ejecutivo nacional mientras avanza el proceso judicial que investiga presuntas maniobras irregulares en su administración.


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