El presidente Javier Milei reglamentó este lunes la Ley N° 27.801, fijando el marco definitivo para que los adolescentes de entre 14 y 17 años rindan cuentas ante la Justicia. Con la publicación del Decreto 875/2026, la Casa Rosada activó la estructura punitiva y de control que busca terminar con la puerta giratoria en la delincuencia juvenil, priorizando la responsabilidad legal, el fin de la reincidencia y la protección efectiva de las víctimas.
La normativa establece que el régimen será aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18 años, con el objetivo de promover la responsabilidad por los actos cometidos, la educación, la resocialización y la integración social.
El Ministerio de Justicia quedó designado como autoridad de aplicación para la implementación y coordinación del régimen en el ámbito de la Justicia nacional y federal.
Uno de los principales aspectos de la reglamentación es la implementación de la figura del supervisor especializado, encargado del seguimiento, asistencia y control del adolescente imputado.
Los supervisores deberán contar con formación en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social. El decreto también establece la creación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil.
Mientras se conforma el registro definitivo, el Ministerio de Justicia deberá elaborar un listado provisorio de profesionales. Los jueces podrán designar a los supervisores en cada caso entre quienes integren ese listado. El plazo para realizar la primera convocatoria pública será de un máximo de 180 días desde la entrada en vigencia del decreto.
La reglamentación también crea el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará dentro del Ministerio de Justicia y tendrá como objetivo coordinar las distintas áreas del Gobierno involucradas en la aplicación de la ley.
El texto oficial ratifica además un cambio de paradigma en la atención judicial: las víctimas de delitos cometidos por menores contarán con patrocinio jurídico gratuito y asistencia especializada desde el primer momento, al tiempo que se establece un registro estricto de antecedentes para impedir que la impunidad siga marcando el ritmo de la seguridad ciudadana.
La reglamentación dispone que el decreto entrará en vigencia conjuntamente con la Ley 27.801.
