El Gobierno nacional resolvió intervenir administrativamente el Puerto de Ushuaia por el plazo de 12 meses y dispuso además la suspensión de su habilitación por un año, medida que por el momento quedó diferida para no afectar la operatoria portuaria y la temporada de cruceros 2025–2026.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), firmada el 20 de enero, tras una extensa investigación que incluyó denuncias gremiales, inspecciones técnicas y auditorías contables sobre la Dirección Provincial de Puertos.
Según el informe oficial, se detectaron graves incumplimientos técnicos, operativos, administrativos y de seguridad, además de la utilización de fondos portuarios para fines ajenos a la actividad específica, en presunta violación del convenio de transferencia del puerto firmado entre Nación y Provincia en 1992.
Las inspecciones realizadas los días 30 de septiembre y 1° de octubre de 2025 constataron un deterioro significativo del muelle comercial, especialmente en el Sitio 3, con fallas en defensas, amarres, pavimentos y capacidad de atraque.
También se advirtieron:
El organismo nacional cuestionó además el bajo nivel de inversión en infraestructura portuaria, que representó apenas el 1,3% del gasto total, frente a una alta concentración en gastos de personal y préstamos financieros.
En ese marco, se señaló que la Ley Provincial N° 1596 —que destinó superávit del puerto a cubrir deudas de la obra social OSEF— contradice la normativa nacional y el convenio de transferencia, que obliga a reinvertir los ingresos portuarios exclusivamente en la actividad.
Suspensión diferida, pero intervención inmediata
Si bien la resolución ordena la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por 12 meses, la ANPyN resolvió diferir su ejecución para no afectar la continuidad operativa, especialmente por el rol estratégico del puerto como base logística antártica y terminal de cruceros.
No obstante, se dispuso la intervención administrativa inmediata en materia de infraestructura portuaria, que quedará a cargo de la Gerencia de Coordinación Técnica del organismo nacional, con facultades para gestionar obras, fondos, equipamiento y seguridad.
La resolución también habilita la colaboración de la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.), la Prefectura Naval Argentina y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
El Gobierno nacional subrayó que el Puerto de Ushuaia es un nodo estratégico para el comercio regional, el turismo antártico, la logística y la soberanía nacional, por lo que consideró “imperioso” adoptar medidas urgentes para recomponer su situación.
Finalmente, se advirtió que si la intervención no logra normalizar las condiciones, la suspensión de la habilitación podrá hacerse efectiva de manera inmediata.
