El intendente de Río Grande, Martín Pérez, profundizó sus cuestionamientos al presidente Javier Milei por su reciente discurso sobre Malvinas y sostuvo que la defensa de la soberanía argentina debe estar acompañada por políticas concretas destinadas a fortalecer la industria, el empleo y la presencia poblacional en Tierra del Fuego.
En una entrevista con el periodista Guillermo Lacaze, por FM La Isla, Pérez aseguró que los acontecimientos posteriores al anuncio presidencial reforzaron sus cuestionamientos y puso como ejemplo una resolución del Gobierno nacional vinculada con un nuevo proceso productivo para acondicionadores de aire, que, según afirmó, tendrá impacto sobre la industria fueguina y los puestos de trabajo.
“Milei habló de Malvinas y de soberanía y el Gobierno publicó una resolución que establece un nuevo proceso productivo para aire acondicionado que va a estar golpeando directamente a nuestra industria y a nuestros puestos de trabajo”, cuestionó.
Para el intendente, existe una contradicción entre el discurso presidencial sobre la soberanía y las medidas económicas que, según su interpretación, afectan el entramado productivo de la provincia.
Pérez también volvió a cuestionar el cambio de posición que atribuye a Milei respecto de la cuestión Malvinas y recordó anteriores declaraciones del Presidente sobre Margaret Thatcher y los habitantes de las islas, además de decisiones de su administración que, según señaló, impactaron sobre Tierra del Fuego, como el intento de subastar tierras pertenecientes a las Fuerzas Armadas y la intervención del Puerto de Ushuaia. “Después de todo eso, y como vio que en las encuestas había una efervescencia respecto a la cuestión de la soberanía, el Presidente tomó la decisión de hacer este anuncio”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que el giro presidencial responde principalmente a razones políticas y electorales. “La primera, a mi modo de ver, es una cuestión de oportunismo político”, afirmó, y agregó que también observa “la utilización o el intento de utilización de esta causa para buscar algún rédito político electoral para el año que viene”.
Consultado sobre la posibilidad de que el anuncio forme parte del comienzo de la campaña electoral de 2027, respondió: “Sí, es muy probable”.
El intendente también cuestionó que el Gobierno nacional anuncie ahora acciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas, al sostener que existen herramientas legales que ya permitían actuar frente a esas actividades. “En soledad hemos denunciado esto. Ya mucho tiempo lo venimos diciendo desde acá, desde Río Grande”, afirmó Pérez, quien cuestionó que “salir a decir que van a hacer algo que una ley ya lo establece” genere interrogantes sobre los tiempos de la decisión oficial.
Respecto de la Base Naval Integrada anunciada por Milei para Ushuaia, Pérez aclaró que no rechaza la iniciativa, aunque planteó una condición que consideró fundamental: que la instalación quede exclusivamente bajo control argentino. “Nosotros no vemos con desagrado” la iniciativa, señaló, “siempre y cuando quede específicamente claro que ninguna potencia extranjera va a tener algún tipo de participación”.
El intendente sostuvo que la Base Naval Integrada debe corresponder “exclusivamente a las Fuerzas Armadas de nuestro país” y reclamó precisiones sobre el alcance del proyecto y su vinculación con la política exterior argentina.
En el tramo central de sus declaraciones, Pérez vinculó directamente la cuestión de Malvinas con el desarrollo económico y poblacional de Tierra del Fuego. Advirtió que una política de soberanía no puede limitarse a declaraciones o decisiones vinculadas con la defensa territorial si, al mismo tiempo, se debilitan las condiciones que permiten sostener población y actividad productiva en el extremo sur. “Si se está atravesando un proceso de despoblamiento y desmembramiento del aparato productivo local, eso no es defensa de la soberanía”, afirmó.
El intendente recordó que el desarrollo histórico de Tierra del Fuego estuvo asociado a una decisión estratégica del Estado argentino para consolidar población y actividad económica en una zona considerada clave por su ubicación geográfica. “Es incompatible pensar la defensa de la soberanía nacional sin pensar en el desarrollo de Tierra del Fuego”, manifestó.
En esa línea, sostuvo que las medidas que afectan la actividad industrial significan “menos trabajo, menos arraigo, menos desarrollo, menos valor agregado” para la provincia. “No hay posibilidad de soberanía sin fortalecer el desarrollo de Tierra del Fuego”, resumió Pérez.
En este mismo marco, volvió a reclamar la construcción de un puerto en Río Grande y sostuvo que, aunque el proyecto actualmente no tendría el mismo nivel de presencia en la agenda nacional, debe continuar siendo un objetivo estratégico para la provincia. “No tiene que caer de nuestra agenda, tiene que seguir siempre vigente”, remarcó.
Según Pérez, una infraestructura portuaria en Río Grande permitiría ampliar la matriz productiva, fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar la vinculación logística con la Antártida. “Es pensar también un fortalecimiento y una ampliación de nuestra matriz de desarrollo, que es lo que realmente hoy necesitamos”, expresó.
