Cuatro familias, que según indicaron se encuentran en situación de calle y sin empleo, ocuparon de manera ilegal varias viviendas en construcción en el sector K y D de Ushuaia, un área que forma parte de un proyecto impulsado por la Municipalidad y la Nación para reubicar a familias de los barrios El Cañadón y El Escondido.
Este sector es parte de un plan de construcción de 66 viviendas, de las cuales 9 ya han sido entregadas y 14 se encuentran en proceso de finalización. Sin embargo, estas últimas están actualmente paralizadas debido a la falta de remisión de fondos por parte del Gobierno Nacional.
El lunes, las cuatro familias se apoderaron de las viviendas que aún no tienen final de obra, las cuales estaban bajo custodia de la empresa constructora, debido a que el proyecto no ha sido completado por el incumplimiento de los compromisos federales. Según el secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial de Ushuaia, David Ferreyra, las familias accedieron a las viviendas por la fuerza, lo que generó tensiones con el sereno encargado de la seguridad de la obra.
"Estuvimos presentes en el lugar, se apersonaron cuatro familias con menores en el interior de las viviendas, a las cuales accedieron por la fuerza, tensionando al sereno de la empresa que tiene a cargo la obra y la seguridad de los inmuebles", relató Ferreyra.
La intervención municipal se llevó a cabo con el objetivo de atender la situación habitacional de las familias involucradas, quienes manifestaron no tener un hogar y enfrentar dificultades económicas. Acompañado por la secretaria de Políticas Sociales, Yanira Martínez, Ferreyra propuso alternativas a las familias para que desalojaran de manera voluntaria las viviendas ocupadas. Sin embargo, las familias rechazaron las opciones planteadas.
"Nos acercamos puntualmente porque el fin de esta obra tiene que ver con la reubicación de familias y un convenio firmado entre el Municipio de Ushuaia y la Nación. Fuimos con Yanira Martínez, les planteamos las distintas salidas que podemos darles para que desalojen hoy esas viviendas", expresó Ferreyra.
Dado que las familias no aceptaron la propuesta de desalojo voluntario, Ferreyra adelantó que el próximo paso será un desalojo judicial, ya que las familias ocupantes están al tanto de las consecuencias legales de su acción. "Van a ceñirse a las consecuencias que traiga un desalojo judicial; ya saben muy bien las familias a qué se atienen y que están ahí porque no tienen dónde vivir", indicó.
El lugar fue resguardado por fuerzas policiales, y se espera la resolución judicial respecto a la denuncia presentada por la empresa constructora, que tiene la custodia del predio y la responsabilidad de ejecutar la obra. La situación se encuentra a la espera de las medidas que determine el poder judicial.
