Luego del avance en la ampliación de los miembros en el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Amnistía Internacional le pidió al gobernador Gustavo Melella, y la presidenta del Consejo de la Magistratura, María del Carmen Battaini, revisar el proceso de selección de jueces para promover "la rendición de cuentas y la perspectiva de derechos humanos y género".

La nota, firmada por Mariela Belski Directora Ejecutiva Amnistía Internacional Argentina, surge ante el proceso de selección de jueces para ocupar una vacante en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, que mediante la ley provincial N°1321 (ampliación de integrantes) "constituye una oportunidad para promover un proceso de selección independiente, transparente y calificado".

"Los tribunales son el espacio institucional para la protección de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país. Tal como establecen los órganos internacionales de protección de los derechos humanos los procesos de selección de candidatos y candidatas deben ser abiertos, transparentes, y deben garantizar la idoneidad técnica e independencia de sus miembros y, a su vez, promover el efectivo avance hacia la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos en la justicia", remarca la nota.

En el texto, se cita los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, 2003 y un Informe del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, 2017. "Para lograr tender a ese objetivo, el Relator Especial de Independencia Judicial de Naciones Unidas, ha remarcado la importancia de que se establezcan criterios objetivos tanto en los llamados a concurso como en la evaluación de candidatos y candidatas, como modo de garantizar procedimientos de selección adecuados que efectivicen la garantía de igualdad de oportunidades".

"La selección de un candidato o candidata para cubrir la vacancia debe publicarse junto a las calificaciones de todos los/as postulantes, a los efectos de rendir cuentas sobre el proceso llevado a cabo y sobre la evaluación de las observaciones y comentarios realizados por la sociedad civil", sostuvo Belski.

También señaló que "la creación de un proceso público, abierto, participativo y transparente sobre la evaluación de los méritos de cada candidato y candidata, puntualizando sus antecedentes y su idoneidad pertinentes y brindando acceso a la información, garantiza la legitimidad al proceso y contribuye a dotar de la máxima calidad institucional al funcionamiento del poder judicial".

"Son numerosas las normas suscriptas por el Estado argentino que establecen pautas vinculadas a la participación de las mujeres en las esferas de decisión, entre ellas, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) que exhorta a los Estados Partes “a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país", recordó.

Citando varios decretos nacionales, la Directora explicó que "el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha dicho que la aplicación de una ley neutra en cuanto al género “puede perpetuar la desigualdad existente o agravarla”, y en este sentido, destacado el compromiso de los Estados de revisar los efectos que una ley, un principio o un programa que en apariencia no revelan un carácter discriminatorio, pero que producen discriminación en su aplicación.”

"La representación de mujeres en el acceso a los cargos más elevados en la judicatura de la provincia colabora a garantizar el principio de igualdad, contribuye con la desarticulación de estereotipos de género que han vulnerado históricamente los derechos de las mujeres, y colabora con la promoción de un debate más plural y diverso avanzando en la inclusión de la perspectiva de género", expresó.

Finalmente, Amnistía Internacional considera que el Consejo de la Magistratura y el Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego tienen la oportunidad de revisar el proceso de designación vigente y promover la creación de un sistema de selección de jueces y juezas transparente, abierto, que promueva la rendición de cuentas y la perspectiva de derechos humanos y género, y honrar el compromiso de garantizar el máximo respeto de los estándares internacionales de derechos humanos".