Río Grande: vecinos denuncian contaminación acústica y ambiental por turbogeneradores en plena zona urbana

Vecinos del barrio comprendido entre las calles Guayaquil, Cabot, Echelaine y Paso de los Andes, en pleno centro de Río Grande, denunciaron públicamente la operación ininterrumpida de cuatro turbogeneradores industriales a gas desde febrero, lo que estaría provocando serios problemas de contaminación acústica, riesgos ambientales y afectación económica en la zona.

Según un relevamiento vecinal, los equipos funcionan las 24 horas, generando ruidos de hasta 80 decibeles —el doble del límite permitido para áreas residenciales— y vibraciones que ya habrían producido daños estructurales en construcciones cercanas. La situación fue expuesta el pasado 14 de julio durante una reunión en el Hotel Huemul, el establecimiento más afectado por la proximidad a la instalación.

“Yo tengo clientes que se me están yendo. No pueden dormir por el ruido, vibran las paredes y los vidrios. Tengo quebraduras en el piso. Me perjudica muchísimo”, relató la propietaria del hotel, visiblemente afectada.

Los vecinos organizaron un petitorio dirigido tanto al Municipio como al Concejo Deliberante, solicitando medidas urgentes. Sin embargo, hasta el momento, aseguran no haber recibido respuesta oficial ni la visita de inspectores.

“Desde mi casa medimos 80 decibeles. Lo permitido son 40. Colocaron los generadores al aire libre, sin seguridad, sin matafuegos. Y nadie volvió”, expresó Fabián Albornoz, uno de los impulsores del reclamo.

Además del ruido, preocupa la posible emisión de gases tóxicos. Un vecino anestesiólogo advirtió que las emisiones diarias de dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas finas podrían tener efectos acumulativos sobre la salud: “Mucha gente podría tener problemas respiratorios y no saber por qué”.

Durante la reunión, circularon versiones no confirmadas sobre el propósito de la instalación. Algunos vecinos sospechan que podría tratarse de un centro de minería de criptomonedas, aunque no existe documentación oficial al respecto.

En tanto, el clima de incertidumbre y malestar persiste entre las más de 80 familias afectadas, que aseguran no poder dormir y temen por su salud ante la falta de controles y respuestas por parte de las autoridades locales.