La exposición sobre la salida de YPF de Tierra del Fuego realizada este jueves en la sala de comisiones de la Legislatura provincial estuvo marcada por problemas técnicos, ausencias clave y más interrogantes que definiciones. Sin la presencia de directivos de la petrolera y con una participación limitada a una videoconferencia desde Buenos Aires, el encuentro dejó expuestas las dificultades para explicar con claridad el proceso de cesión de las áreas hidrocarburíferas.
La transmisión estuvo atravesada por cortes de audio y fallas de conexión, al punto que se solicitó a los presentes desconectarse del servidor para intentar mejorar la comunicación. El contexto no pasó desapercibido para los legisladores, en un debate sensible que involucra el futuro productivo de la provincia y la situación laboral de unos 500 trabajadores.
Un déficit millonario y una operación en retroceso
Durante la presentación se confirmó que la operación de YPF en Tierra del Fuego registra un déficit anual cercano a los 80 millones de dólares, una situación que se arrastra desde 2018. El dato fue aportado por la ministra de Obras Públicas y Servicios, Gabriela Castillo, quien además representa a la Provincia en el directorio de Terra Ignis Energía S.A.
En términos productivos, se informó que 273 pozos continúan en producción, mientras que 330 se encuentran en estudio o en proceso de abandono, lo que da cuenta de un escenario de declive sostenido de la actividad. Si bien se planteó la posibilidad de reducir el déficit en un 50%, el costo operativo seguiría siendo elevado, con un gasto mensual estimado en 3 millones de dólares, y un alivio fiscal que no superaría el 10%.
A este cuadro se suma la preocupación por el impacto laboral: los trabajadores afectados perciben salarios que superan los 5 millones de pesos mensuales, lo que coloca a la transición en el centro del debate político y sindical.
El antecedente del acuerdo firmado en noviembre
La exposición legislativa contrastó con el anuncio realizado en noviembre pasado, cuando el Gobierno provincial confirmó oficialmente el acuerdo con YPF para la cesión de las áreas de explotación hidrocarburífera ubicadas dentro del territorio fueguino, tras más de un año de negociaciones.
Según lo informado entonces, a partir del 1 de enero de 2026 la empresa estatal Terra Ignis Energía S.A. asumirá la operación y el desarrollo de los yacimientos cedidos por YPF. El convenio contempla la transferencia de siete áreas, entre ellas Los Chorrillos y Lago Fuego, y prevé la reubicación del personal actualmente afectado a las operaciones, con el objetivo de garantizar una transición “ordenada y sin sobresaltos”.
La firma del contrato de cesión y del contrato de operación se realizó en un acto encabezado por el gobernador Gustavo Melella, junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el titular de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, con la participación de autoridades provinciales, directivos de ambas compañías y el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa.
Del discurso de soberanía a las dudas legislativas
En aquel momento, Melella había calificado el acuerdo como un “avance histórico hacia la soberanía energética de Tierra del Fuego” y destacó el fortalecimiento de Terra Ignis como una empresa estatal capaz de liderar el desarrollo hidrocarburífero con una visión sustentable y de valor local.
Desde YPF, en tanto, se explicó que la cesión respondía a una estrategia de concentrar inversiones en Vaca Muerta y optimizar su cartera de activos, garantizando una transición responsable en la provincia.
Sin embargo, la exposición realizada esta semana en la Legislatura dejó al descubierto un escenario mucho más complejo, con números en rojo, una actividad en retroceso y un proceso administrativo aún inconcluso. El acuerdo deberá ser evaluado por la Secretaría de Hidrocarburos, refrendado por decreto del Gobernador y finalmente enviado a la Legislatura para su aprobación definitiva.
El tema volverá a discutirse este lunes 22 a las 17 horas, en sesión ordinaria, en un contexto donde las promesas de soberanía energética conviven con incertidumbre operativa, déficit estructural y preocupación por la continuidad laboral.
Los problemas técnicos durante la exposición
