El Gobierno disolvió la ANDIS, centralizó la política de discapacidad en Salud y prorrogó la emergencia sanitaria hasta 2026

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia 942/2025, mediante el cual dispuso la centralización de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dentro del Ministerio de Salud, creó la Secretaría Nacional de Discapacidad, prorrogó la emergencia sanitaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 y amplió las competencias de la cartera sanitaria en materia de precursores químicos y lucha contra el narcotráfico.

La norma fue firmada el 31 de diciembre de 2025 por el presidente Javier Milei y su gabinete, y se fundamenta en un informe final de intervención que reveló graves irregularidades estructurales en el funcionamiento de la ANDIS, comprometiendo la continuidad y legalidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Irregularidades y fallas estructurales en la ANDIS
Según el informe elaborado por el interventor designado por el Decreto 601/2025, la Agencia Nacional de Discapacidad operaba sobre un ecosistema tecnológico fragmentado, con sistemas inconexos, falta de interoperabilidad y ausencia de estándares comunes.

Estas deficiencias afectaban de manera directa la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y el Programa Federal Incluir Salud, generando duplicación de tareas, inconsistencias de datos y serias dificultades para el seguimiento de los beneficiarios.

El documento también expuso debilidades graves en los controles internos, tales como la ausencia de manuales de procedimiento, fallas en la trazabilidad documental, demoras en la tramitación de pensiones, problemas en la gestión contractual con prestadores y registros deficientes de la información.

Contrataciones bajo sospecha
Uno de los puntos más críticos señalados en el informe refiere a irregularidades de gravedad en las contrataciones, especialmente en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), vinculadas a la compra de insumos médicos, equipamiento y dispositivos de alta complejidad.

Estas situaciones, de carácter administrativo, financiero y tecnológico, fueron consideradas por el Gobierno como un riesgo cierto, actual e inminente para la continuidad del acceso de las personas con discapacidad a prestaciones médicas, medicamentos de alto costo y servicios esenciales.

Ante este escenario, el DNU dispone la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, dejando sin efecto la estructura descentralizada creada en 2017 y derogando los artículos centrales del Decreto 698/17, que había dado origen a la ANDIS.

A partir de la medida, el Ministerio de Salud pasa a ser el continuador legal, administrativo y presupuestario de la ANDIS, asumiendo todos sus compromisos, obligaciones, bienes, personal y partidas presupuestarias, garantizando —según el texto— la continuidad de las prestaciones.

El Gobierno argumentó que la centralización permitirá unificar criterios de conducción, fortalecer los sistemas de control interno, integrar los sistemas de información, transparentar las contrataciones y optimizar la ejecución presupuestaria.

Prórroga de la emergencia sanitaria hasta 2026
El DNU 942/2025 también prorroga la emergencia sanitaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, extendiendo lo dispuesto originalmente por el Decreto 70/2023.

El Gobierno justificó la medida en la persistencia de las condiciones que motivaron la emergencia, advirtiendo que no prorrogarla implicaría un riesgo inmediato para la continuidad de los servicios de salud, con posibles consecuencias irreversibles en la red asistencial.

Otro de los ejes centrales del decreto es la ampliación de las competencias del Ministerio de Salud en relación con el Registro Nacional de Precursores Químicos, creado por la Ley 26.045.

A partir de la reforma, la cartera sanitaria podrá intervenir en la generación de evidencia sanitaria, toxicológica y epidemiológica, colaborar con el Ministerio de Seguridad Nacional y participar en estrategias integrales para la prevención del narcotráfico y el consumo problemático de sustancias, reforzando los mecanismos de trazabilidad y control.