Un decreto introduce profundos cambios en inteligencia, otorgando más poder al asesor presidencial Santiago Caputo. Entre las modificaciones más controvertidas, la SIDE habilita la aprehensión de personas en determinadas circunstancias y declara como encubiertas todas las actividades de inteligencia. El decreto, deberá pasar por el Congreso.
Nacionales02/01/2026
El Poder Ejecutivo Nacional oficializó hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual introdujo cambios profundos en la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, ortogando más poder a los servicios de inteligencia, centralizando el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
Entre esas nuevas facultades, se establece que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional, y en lo sucesivo se habilita a que la SIDE pueda "proceder a la aprehensión de personas" al tiempo que se declaran como "encubiertas" todas las actividades de inteligencia.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros, fue publicada el 31 de diciembre de 2025 y ya fue girada al Congreso de la Nación, donde deberá ser analizada por la Comisión Bicameral Permanente conforme a lo dispuesto por la Ley 26.122.
Inteligencia encubierta y nuevas definiciones legales
Entre los cambios más relevantes, el decreto incorpora nuevos artículos a la Ley 25.520 que definen y amplían el alcance de la Inteligencia Nacional y la Contrainteligencia.
Allí establece que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter encubierto, justificándolo en la necesidad de minimizar el denominado “Riesgo Estratégico Nacional”. Además, se introduce una definición formal de investigación de inteligencia, entendida como el conjunto de tareas destinadas a identificar actores y acciones de interés estratégico para el Estado.
En materia de contrainteligencia, el DNU amplía sus funciones para incluir la prevención de espionaje, sabotaje, injerencia extranjera, interferencia e influencia sobre el proceso decisorio de las autoridades democráticas, incorporando también medidas pasivas de protección de información sensible en todo el Sector Público Nacional.
Nueva arquitectura del Sistema de Inteligencia Nacional
El decreto redefine la estructura del SIN y ratifica a SIDE como órgano rector, con mayor poder de coordinación, planificación y control presupuestario.
A partir de la reforma, el SIN queda integrado por:
En ese marco, el decreto cambia la denominación y funciones de varios organismos: la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con foco exclusivo en amenazas estratégicas; y la División de Asuntos Internos se transforma en Inspectoría General de Inteligencia.
Disolución de un área clave en Defensa
Otra de las decisiones relevantes es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que dependía del Ministerio de Defensa. Según los considerandos del DNU, su existencia generaba superposición de funciones y una estructura sobredimensionada respecto de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.
Desde ahora, será este último organismo el encargado de la producción de Inteligencia Estratégica Militar, con una doble responsabilidad informativa hacia el Ministro de Defensa y el Jefe del Estado Mayor Conjunto.
Ciberseguridad y ciberinteligencia: separación de funciones
El decreto también introduce un cambio estructural en el abordaje del ciberespacio. Por un lado, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado que dependerá de la Jefatura de Gabinete y será la autoridad nacional en materia de ciberseguridad, encargado de proteger infraestructuras críticas, servicios públicos y activos digitales estratégicos.
Por otro lado, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, concentrándose exclusivamente en la producción de inteligencia en el ciberespacio, evitando superposiciones con tareas operativas de seguridad informática.
Comunidades de inteligencia e intercambio de información
Con el objetivo de mejorar la coordinación interinstitucional, el DNU crea la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que integrarán a organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y distintos entes del Estado nacional y provincial.
Estas comunidades estarán orientadas a compartir información estratégica, bajo estándares de trazabilidad, protección de datos y respeto de las garantías constitucionales, y funcionarán bajo la conducción de la SIDE.
Más facultades para Santiago Caputo, el asesor detrás de Inteligencia
La Secretaría de Inteligencia de Estado amplía sus atribuciones: podrá requerir información a todos los organismos del Sector Público, coordinar con provincias, definir niveles de alerta estratégica y controlar el presupuesto y los gastos reservados del sistema, centralizando la planificación financiera de la inteligencia nacional.
Además, el decreto habilita a los organismos de inteligencia a proporcionar su propia seguridad y, en situaciones excepcionales, aprehender personas en flagrancia, dando aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes.
El Gobierno justificó el uso del DNU al sostener que esperar el trámite legislativo ordinario "pondría en riesgo la seguridad estratégica de la Nación, en un contexto marcado por amenazas internas, terrorismo internacional, crimen organizado y conflictos multidimensionales".
No obstante, la norma deberá ser tratada por el Congreso, donde se anticipa un debate político y jurídico intenso por el alcance de las facultades otorgadas, la centralización del sistema y el carácter encubierto de las actividades de inteligencia.
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