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En el 2022, la presidenta interina de Venezuela estuvo como “objetivo prioritario” por parte de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, bajo sospecha de narcotráfico, contrabando de oro y lavado de dinero.
Mundo17/01/2026 AP
Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura de Nicolás Maduro para que enfrente cargos por narcotráfico en territorio norteamericano, presentó a Delcy Rodríguez como la figura con la que Washington podría articular una transición para estabilizar Venezuela, sumida en una profunda crisis económica, institucional y social.
Sin embargo, ese reconocimiento político contrasta con un dato que no fue mencionado públicamente: Delcy Rodríguez ha estado durante años bajo la lupa de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que en 2022 la catalogó como un “objetivo prioritario”, una designación reservada para personas consideradas de alto impacto en investigaciones vinculadas al narcotráfico.
De acuerdo con registros internos y testimonios de funcionarios estadounidenses actuales y retirados, la DEA mantiene desde al menos 2018 un archivo de inteligencia sobre Rodríguez. En esos informes se mencionan presuntos vínculos con redes de narcotráfico, contrabando de oro y lavado de dinero, además de un detallado mapeo de sus contactos y asociados.
Uno de los reportes indica que un informante confidencial aseguró en 2021 que Rodríguez utilizaba hoteles en la Isla Margarita como fachada para blanquear dinero. Además, su nombre volvió a aparecer el año pasado vinculado a Alex Saab, señalado como operador financiero del chavismo y arrestado por Estados Unidos en 2020 por delitos de lavado de activos.
Pese a estas sospechas, Rodríguez no figura entre los más de una docena de funcionarios venezolanos formalmente acusados por narcotráfico junto a Maduro. Tampoco existe, hasta el momento, una imputación penal pública en su contra por parte del gobierno estadounidense.
Según fuentes de la DEA, el nombre de Rodríguez aparece en casi una docena de investigaciones abiertas en distintas oficinas del organismo, que abarcan desde Paraguay y Ecuador hasta Nueva York y Phoenix. Varias de esas causas continúan activas, aunque no se precisó el enfoque específico de cada una.
Exagentes y fiscales federales advierten que la condición de “objetivo prioritario” no implica automáticamente una acusación judicial, pero sí refleja un interés sostenido y significativo por parte de las agencias de seguridad. “Cuando una figura asciende a niveles de poder tan altos, es lógico que se convierta en un objetivo prioritario. El desafío siempre es transformar sospechas en pruebas judiciales”, explicó un exfiscal federal especializado en causas vinculadas a Venezuela.
Consultados por esta situación, ni el Ministerio de Comunicaciones venezolano ni la DEA ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondieron a pedidos de comentarios. Desde la Casa Blanca, en tanto, se limitaron a remitir a declaraciones previas de Trump, quien destacó haber mantenido una “muy buena conversación” con Rodríguez antes de que esta se reuniera en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe.
La situación deja al descubierto una paradoja central del nuevo escenario venezolano: mientras Delcy Rodríguez es presentada como interlocutora clave para una transición política, su figura continúa rodeada de sospechas en los mismos organismos que ahora la reconocen como pieza central del reordenamiento del poder en Venezuela.

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