Luego de que el gobierno de Javier Milei anunciara la creación de una "Oficina de Respuesta Oficial" para desmentir o refutar a medios de comunicación, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación.
Desde la entidad aclararon que, en un sistema democrático, los gobiernos tienen pleno derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir información oficial o su propia versión de los hechos que integran la agenda pública. Sin embargo, remarcaron que la inquietud no radica en la existencia de un espacio de comunicación estatal, sino en el carácter acusatorio y estigmatizante que podría adoptar esta iniciativa.
ADEPA señaló que el concepto mismo de “desmentir” parte del supuesto de que el periodismo actúa con intención deliberada de falsear la realidad. En ese sentido, subrayó que la tarea periodística implica contrastar datos, reflejar múltiples voces y analizar hechos desde distintas miradas, sin que ello implique necesariamente una mentira o una operación intencional.
La entidad coincidió en que combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario, pero advirtió que el Estado debe ser considerado una fuente más dentro del ecosistema informativo y no un árbitro que determine qué es verdad y qué no en el debate público. Según indicó, atribuir a organismos estatales funciones de monitoreo, evaluación o verificación de contenidos puede derivar en mecanismos de presión indirecta sobre el periodismo y las opiniones críticas.
Otro de los puntos señalados por ADEPA fue que la presentación de la mencionada oficina pone el foco casi exclusivamente en la actividad periodística, aludiendo a supuestas “operaciones de los medios”, sin contemplar la enorme circulación de información falsa o manipulada que se difunde a diario en redes sociales, muchas veces desde cuentas anónimas o perfiles apócrifos.
En ese marco, la asociación sostuvo que el mejor antídoto frente a la desinformación no es la imposición de una “verdad oficial”, sino la existencia de un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, que respondan ante sus audiencias y ante la ley, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión.
Finalmente, ADEPA remarcó que los medios de comunicación cumplen un rol social esencial en la vida democrática y que son los ciudadanos quienes, a partir del contraste de fuentes y la diversidad de voces, evalúan la confiabilidad de la información. “La gente es, en definitiva, el último juez del trabajo periodístico”, concluyó la entidad.
Desde el anuncio de la creación se desconoce su estructura, cuánto cobrarán quienes manejen la cuenta y quiénes serán los que estarán a cargo de la misma. Sí se sabe que harán un relevamiento de los medios y buscarán la palabra o información de cada ministerio y secretaria para salir a refutar las noticias.
De esta manera, el Gobierno de Milei profundiza su guerra contra los medios de comunicación, en un año donde la economía refuerza la presión por sobre quienes tienen la responsabilidad de conducir el país, en medio de escándalos de corrupción, renuncias, falta de obra pública y desinterés por temas que hoy preocupan profundamente a los argentinos.
