Los mayoristas expresaron en el Senado su apoyo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno

Foto: El vicepresidente de CADAM, Armando Farina,  en el Senado de la Nación

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó en el Senado de la Nación su respaldo al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, al considerar que se trata de una iniciativa orientada a modernizar las relaciones laborales, fomentar el empleo formal y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Una comitiva de la entidad, encabezada por su vicepresidente Armando Farina y acompañada por asesores legales, mantuvo una reunión con los equipos técnicos que participan en la redacción del proyecto, durante la cual se intercambiaron aportes y observaciones sobre distintos ejes del texto en debate.

Entre los puntos destacados, CADAM expresó su apoyo a la implementación del banco de horas como herramienta de flexibilidad acordada entre empleadores y trabajadores, la posibilidad de celebrar convenios colectivos adaptados a la realidad de las PyMES, la habilitación de billeteras virtuales para el pago de haberes y el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias, solicitando que ese criterio se extienda también a las organizaciones sindicales.

Asimismo, los representantes del sector mayorista plantearon la necesidad de eliminar aportes y contribuciones que, según indicaron, incrementan el costo laboral sin una justificación clara. Entre ellos mencionaron el aporte solidario por COVID-19 a la obra social Osecac, independientemente de la afiliación del trabajador, y el seguro de retiro La Estrella.

Aportes obligatorios y controversia

En relación con el artículo 128 del proyecto, que establece la voluntariedad de los aportes a cámaras empresarias, CADAM fijó una postura crítica frente al esquema actual. Desde la entidad señalaron que algunas organizaciones que participan de las negociaciones paritarias son, al mismo tiempo, beneficiarias directas de estos aportes, lo que —según plantearon— configura un conflicto de intereses.

Como ejemplo, mencionaron el aporte obligatorio por cada empleado de comercio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A, cuyos fondos se redistribuyen entre entidades empresarias bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional.

En ese marco, CADAM respaldó el Decreto 149/2025, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que estableció el carácter voluntario de dichos aportes. No obstante, señalaron que una medida cautelar dejó sin efecto esa normativa tras una presentación judicial del propio INACAP, que argumentó su carácter independiente.

Durante el proceso judicial, el instituto reconoció una recaudación superior a los 30 mil millones de pesos anuales, sin detallar públicamente el destino específico de esos fondos, lo que motivó cuestionamientos de diversas entidades empresarias ante el Congreso.

Desde CADAM indicaron que cámaras y federaciones de distintos puntos del país, así como sectores industriales, expresaron su respaldo a la reforma laboral y a la eliminación de aportes obligatorios, al considerar que generan “costos ocultos” en numerosos convenios colectivos.