Para el fiscal, el secretario general del gremio de los estatales tuvo una activa participación en los hechos de estafas en la cual 17 familias salieron perjudicadas.
Locales 04/09/2018"No me trajiste los verdes". Esas habrían sido las palabras que utilizó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Ushuaia, Carlos Córdoba, para pedirle el dinero fraudulento que recaudaba el fallecido prosecretario del gremio, Daniel Alberto Belbey.
Mientras continúa el curso de la causa por las estafas de las 128 viviendas, destinadas a afiliados del gremio, que se efectuaría con fondos del Programa Nacional “Techo Digno”, en terrenos cedidos por la Municipalidad de Ushuaia, en la urbanización Barrancas del Río Pipo, el representante del Ministerio Público Fiscal, Nicolás Arias apuntó a Córdoba y aseguró que conocía las maniobras delictivas y por la cual pedía también el dinero.
Córdoba “no podía desconocer la maniobra cuya cara visible resultaba (Miguel 'Miguelón') Arana” de la comisión de vivienda de ATE, expuso el funcionario del Ministerio Público Fiscal, en su dictamen y añadió que “se corroboró la activa participación de Córdoba en los hechos que se imputan, a partir de conversaciones entre éste y Belbey, donde le refería ‘no me trajiste verdes’”,
Para el Fiscal, Córdoba “quebrantó la confianza” de los afiliados y “debía administrar en resguardo y para el interés exclusivo de los trabajadores del sindicato que representa”.
Por su parte, Arana fue señalado como el recaudador del dinero. Al parecer el gremialista ofrecía las viviendas para los afiliados a personas, incluso no pertenecientes al gremio, a cambio de pagos parciales y suma única que incluían la entrega de vehículos, pero que nunca iban a ser entregadas.
“Arana era el Vicepresidente de la Comisión de Vivienda de ATE, y en su intento por incorporar adjudicatarios que no pertenecían al gremio, también habría defraudado los intereses de los verdaderos afiliados con expectativas de recibir una unidad habitacional”, argumenta el fiscal Arias.
En tanto, otro de los imputados, Francisco Freire Acosta, habría ofrecido algunas de las viviendas sociales, haciendo uso de la agencia inmobiliaria de la cual es propietario, mientras que en el caso de Hugo Fabián Aguirre, en su calidad de agente inmobiliario, “se presume que conocía la situación de las viviendas y aún así, habría intermediado para su venta y recibo de dinero”.
Leandro Santillán Mulvihill y Omar Alberto Calquín, oficiaron de intermediarios en numerosos oportunidades, acercando a los interesados en acceder a las viviendas a la persona de Miguel Ángel Arana, recibiendo incluso pagos o bienes en su representación.
En el caso de Lilian Galli, para el Fiscal “no se puede descartar su activa participación en las gestiones para que se concrete la estafa, al menos respecto de una damnificada”, ya que en uno de los audios aportados ésta le manifiesta que “por no ser afiliada al gremio debían encontrarle otro marco legal y que lo estaba hablando con Córdoba”.
Arana constructor de las viviendas y empleado municipal
Por otro lado, en la investigación se apunta a Arana por haber creado empresas las cuales las puso a nombre de su mujer para la construcción de las viviendas sociales. Sin embargo, el dirigente es empleado municipal con lo cual podría caerle el delito de incompatibilidad en las funciones públicas.
Según surgió del testimonio del titular de una concesionaria, en oportunidad de concretar la compra de maquinaria vial con Arana, éste le había manifestado que “estaba poniendo toda la empresa a nombre de su pareja Gisela Edith Escobar, ya que era funcionario municipal y no podía contratar con la Municipalidad de Ushuaia”.
Asimismo, del legajo prontuarial de Miguel Ángel Arana surgió una actualización donde éste manifiesta ser apoderado de la firma “Janes Construcciones” la que a su vez podría tener relación con las firmas “GI.MI.” o “G&M” o ser homónima.
Por tal motivo, y teniendo en cuenta que la empresa denominada Gi.Mi y/o G y M y/o Janes Construcciones “resulta presuntamente de titularidad de Gisela Edith Escobar con algún grado de participación a determinar de Miguel Ángel Arana y que la actividad de la misma gira en torno a su condición de proveedora de servicios del Municipio, es que no se descarta que dicha actividad resulte incompatible con el ejercicio de las funciones públicas de Arana”.
La causa por la estafas de viviendas ATE
La causa hasta el momento tiene 11 imputados y por la cual hay 17 damnificados. Las maniobras fraudulentas habrían beneficiado a unos pocos entre las sumas de $8.145.000 y U$S52.000.
El origen de la causa proviene de la construcción de parte del Instituto Provincial de la Vivienda, de 128 viviendas, destinadas a afiliados del gremio, que se efectuaría con fondos del Programa Nacional “Techo Digno”, en terrenos cedidos por la Municipalidad de Ushuaia, en la urbanización Barrancas del Río Pipo.
El gremio debía confeccionar un listado de postulantes a ocupar las casas y el IPV, por su parte, además de llevar adelante la construcción de las unidades, debía controlar que los postulantes cumplieran con los requisitos necesarios, y hasta la entrega definitiva de las viviendas, no debía exigir sumas dinerarias a los adjudicatarios.
Ante la alta demanda de inscriptos en acceder al beneficio, en junio de 2011 se llevó adelante un sorteo de aspirantes, que luego debía ser evaluado por el Instituto Provincial de la Vivienda.
Sin embargo, según se desprende de la ampliación del requerimiento fiscal, de acuerdo al testimonio de algunos aspirantes, se hicieron gestiones ante el Gobierno de la Provincia para “incluir a otras personas que no habían participado del sorteo” y que incluso, “tampoco se encontraban afiliadas al Sindicato de ATE”.
Esas personas fueron víctimas de las estafas por la cual entregaron el dinero y bienes, pero que nunca pudieron acceder a la vivienda.
*Con información judicial
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