La Municipalidad de Ushuaia solicitó a la Justicia que se rechace la declaración de certeza respecto al impuesto inmobiliario presentada por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), en la que el organismo pretende cobrar el tributo bajo la jurisdicción municipal.
Según se desprende la información oficial, el Intendente en su presentación dice que “lo que busca la AREF es un pronunciamiento judicial que implique prohibir a los Municipios establecer y recaudar el impuesto inmobiliario urbano en sus jurisdicciones”. En consecuencia “se trataría de empequeñecer la existencia misma de los gobiernos municipales que tienen plena autonomía reconocida constitucionalmente, convirtiendo al gobierno local en una simple administración, atada de pies y manos al poder central”.
“El problema a resolver no es si el municipio “tiene” o “no tiene” potestad tributaria originaria, porque es obvio que sí debe tenerla. No caben dudas de que el impuesto inmobiliario urbano corresponde a los municipios y el impuesto inmobiliario rural es de competencia provincial. Toda la interpretación que hace la AREF es una parcialización de los sucesos históricos y las normas jurídicas vigentes. Por lo tanto no se trata de incertidumbre, sino de una interpretación parcializada o de una duda propia por desconocimiento”, sostiene la Municipalidad.
En su contestación, la Municipalidad niega taxativamente que resulte admisible la acción declarativa de certeza que interpuso la AREF ya que no existe estado de incertidumbre respecto a las facultades o poderes impositivos de las Municipalidades, concretamente en lo que hace al impuesto inmobiliario.
Asimismo plantea los derechos otorgados por la Carta Orgánica y que en el caso de que AREF gane la disputa judicial, se acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en procura del restablecimiento de la vigencia de la juridicidad en el caso.
Verdaderamente no se entiende cómo a más de treinta años de vigencia de un sistema jurídico, la Provincia resuelve de un día para otro, en medio de un receso legislativo, “reasumir” una potestad tributaria (que nunca tuvo), sin una discusión previa con los municipios afectados, e invitando a adherir so pena de no coparticipar el recurso. O es un error interpretativo de la actora, o es de una irresponsabilidad y falta de respeto sin precedentes, hacia las instituciones y los vecinos de las tres ciudades de la Provincia; que como tal configuraría una clara violación al principio de razonabilidad”, sostiene la Municipalidad.
