El partido Republicanos Unidos Tierra del Fuego emitió un comunicado reprochando la ley aprobada por la Legislatura Provincial que establece el 25 de noviembre de cada año como “Día del Genocidio Selk´Nam” y con ello un feriado en toda la Provincia.

La norma fue aprobada el pasado 18 de noviembre por los legisladores fueguinos en memoria del Pueblo Selk´nam y a quienes fueron víctimas del Genocidio de San Sebastián ocurrido el 25 de noviembre de 1886.

"Lo que nos resulta adecuado si no fuese porque tal como está redactado ese día dejaríamos de recordar a los indígenas fueguinos para solo recordar la tragedia Selk'nam lo que suponemos que es más un error de práctica legislativa que un afán por ningunear al resto de los indígenas", señalaron.

"Más nos preocupa su Artículo 2°.- Declárase duelo provincial con banderas izadas a media asta en todos los edificios públicos e institúyase feriado provincial permanente en memoria de la fecha instituida por el artículo 1º de la presente”, ya que "la declaración de duelo es totalmente pertinente, pero establecerlo como feriado es no entender que los feriados son para festejar".

"Solo un país de fiacas y vagos puede tener un feriado para la claudicación de la democracia como el 24 de marzo en vez del 10 de diciembre que fue la victoria sobre el golpe y ahora se pretende "festejar" un genocidio. Ni Estados Unidos tiene un feriado el 7 de diciembre por el ataque a Pearl Harbour ni Japón el 6 de agosto por el bombardeo de Hiroshima. Solo es consecuente con el reciente festejo de una derrota, pero es un comportamiento esquizofrénico no recomendable para futuras generaciones", apuntaron desde el partido.

"Que ese día sea feriado es contraproducente con el objeto ya que no habrá clases y no se podrá aprovechar para difundirlo entre los alumnos. Por lo citado solicitamos al Señor Gobernador el veto de la Ley o al menos parcialmente el artículo 2do", concluye el texto firmado por el presidente del partido, Ricardo Forgione Tibaudin y el secretario, Federico Tavarone.

La pólemica norma fue impulsada por la legisladora Laura Colazo y acompañada por la legisladora mopofista, Mónica Urquiza. Además colaboró la Dirección de Pueblos Originarios del Gobierno.