Un tribunal federal de apelaciones emitió el martes por la noche una orden que nuevamente impide que Texas arreste a inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, horas después de que la Corte Suprema permitiera que la nueva y estricta ley de inmigración entrara en vigor.
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. se produce semanas después de que un panel del mismo tribunal allanó el camino para que Texas hiciera cumplir la ley al suspender la orden judicial de un juez inferior.
Pero por orden de 2-1, un panel del tribunal de apelaciones levantó esa pausa antes de los argumentos ante el tribunal el miércoles.
Las autoridades de Texas no habían anunciado ningún arresto realizado en virtud de la ley.
El martes temprano, una Corte Suprema dividida había permitido que Texas comenzara a aplicar una ley que otorga a la policía amplios poderes para arrestar a inmigrantes sospechosos de cruzar la frontera ilegalmente mientras se desarrollaba la batalla legal sobre la medida.
La orden de la mayoría conservadora rechazó una solicitud de emergencia de la administración Biden, que dice que la ley es una clara violación de la autoridad federal que causaría caos en la ley de inmigración.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, elogió la orden que allana el camino para la ley que permite a cualquier oficial de policía en Texas arrestar a inmigrantes por entrada ilegal y autoriza a los jueces a ordenarles que abandonen Estados Unidos.
El tribunal superior no abordó si la ley es constitucional. La medida fue enviada al tribunal de apelaciones, que dictó el fallo el martes por la noche.
Tampoco estaba claro adónde podrían ir los inmigrantes a los que se les ordene salir si finalmente se permite la ley. Pide que sean enviados a los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, incluso si no son ciudadanos mexicanos.
Pero el gobierno de México dijo el martes que no aceptaría “bajo ninguna circunstancia” el regreso de ningún migrante a su territorio desde el estado de Texas. México no está obligado a aceptar deportaciones de nadie excepto de ciudadanos mexicanos.
