El Gobierno nacional oficializó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, establecido mediante la Ley 27.798, que prevé un resultado financiero superavitario, un esquema de restricción del gasto público y un conjunto de facultades ampliadas para el Poder Ejecutivo en la administración de partidas, personal y deuda.
Según el artículo 1° de la norma, el Presupuesto 2026 estima recursos totales por $148,29 billones y gastos por $148,06 billones, lo que arroja un superávit financiero de $2,73 billones, en línea con el objetivo oficial de "consolidar el equilibrio fiscal".
Composición del gasto público
El gasto total se distribuye entre gastos corrientes y de capital, con una fuerte participación del área social. En ese marco, los Servicios Sociales concentran más de $106,5 billones, destinados principalmente a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, programas de asistencia social y educación.
En segundo lugar se ubica el pago de Servicios de la Deuda Pública, que demandará alrededor de $14,1 billones, seguido por los Servicios Económicos, con una asignación de $11,4 billones, orientados a transporte, energía y otras áreas productivas.
Congelamiento del empleo público
Uno de los ejes centrales del Presupuesto 2026 es el control del empleo público. La ley establece que no podrán crearse ni cubrirse cargos vacantes en la Administración Pública Nacional sin la autorización expresa del Jefe de Gabinete de Ministros.
Se prevén, no obstante, excepciones para sectores considerados estratégicos, como salud, educación universitaria, fuerzas armadas y de seguridad, guardaparques nacionales, manejo del fuego y organismos científicos y técnicos, además de situaciones derivadas de sentencias judiciales firmes.
Fondos para universidades nacionales
El Presupuesto asigna $4,78 billones a las universidades nacionales, aunque condiciona la transferencia de fondos a la presentación de información detallada sobre la ejecución presupuestaria.
La norma habilita al Ministerio de Capital Humano a suspender o readecuar transferencias en caso de incumplimientos administrativos, reforzando los mecanismos de control y auditoría sobre el uso de los recursos.
Endeudamiento y operaciones de crédito público
La Ley 27.798 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público, incluyendo la emisión de letras y títulos del Tesoro, tanto en moneda local como extranjera, y bajo jurisdicción nacional o internacional.
Asimismo, se habilitan canjes, reestructuraciones y refinanciaciones de deuda, con la obligación de informar periódicamente al Congreso Nacional sobre el estado de dichas operaciones.
Pago de deudas previsionales
El Presupuesto 2026 contempla partidas específicas para el pago de deudas previsionales reconocidas judicialmente, tanto del régimen general como del personal retirado y pensionado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
La ley establece criterios de prioridad basados en la antigüedad de las sentencias, buscando dar cumplimiento progresivo a los fallos judiciales firmes.
Cambios normativos y derogaciones
Entre los puntos más relevantes, la norma deroga y modifica artículos de leyes vinculadas al financiamiento educativo, científico y tecnológico, lo que representa un cambio estructural en la orientación del gasto público y en el rol del Estado en dichas áreas. Estas modificaciones forman parte del esquema general de reducción del gasto y reorganización del Estado o achique de la masa estatal.
