El Gobierno nacional oficializó el Decreto 934/2025, mediante el cual extiende y redefine las restricciones a las designaciones y contrataciones de personal en el Sector Público Nacional durante el Ejercicio 2026, en línea con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal y avanzar en la transformación del Estado.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei y publicada el 31 de diciembre de 2025, reemplaza al Decreto 1148/2024 —que regía durante 2025— y alcanza a las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley de Administración Financiera N° 24.156.
Prohibición general de designaciones y contrataciones
El artículo 1° del decreto establece una prohibición amplia para efectuar designaciones o contrataciones de personal de cualquier naturaleza, que incluye:
Excepciones: salud, educación, seguridad y áreas estratégicas
El decreto contempla numerosas excepciones, con el objetivo de no afectar servicios esenciales ni áreas sensibles. Entre ellas se destacan:
Sistema de “dos bajas por cada alta”
Una de las principales novedades del decreto es la ratificación del esquema de compensación de personal, que autoriza una (1) alta únicamente cuando se acrediten dos (2) bajas previas, producidas por renuncia, jubilación, desvinculación o finalización de contratos durante 2026.
Quedan excluidas del cómputo aquellas bajas derivadas de planes de retiro voluntario o acuerdos entre partes. Además, cada solicitud deberá contar con la validación expresa de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público.
Excepciones por necesidad estratégica
El artículo 4° prevé que las jurisdicciones y entidades que hayan realizado procesos de racionalización de personal puedan ser exceptuadas del esquema de “dos por uno”, siempre que acrediten necesidades estratégicas y cuenten con la aprobación de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, con intervención del Ministerio de Economía.
El decreto también instruye a los representantes del Estado nacional en empresas con participación estatal mayoritaria y fondos fiduciarios públicos a adoptar medidas similares, extendiendo el criterio de control del gasto y dotación de personal al sector empresario estatal.
Según los considerandos, la medida apunta a garantizar una administración eficiente y responsable del presupuesto nacional, sosteniendo una planta de personal acorde a las estructuras vigentes y a las prioridades estratégicas del Estado.
