El candidato a Senador Nacional por Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, sostuvo que antes o en paralelo a una eventual reforma del Código Penal para endurecer las penas, es necesario fortalecer las fuerzas de seguridad interior, tanto federales como provinciales. En ese sentido, propuso la creación de un Consejo Federal de Política Criminal, con el objetivo de coordinar políticas entre Nación y provincias para mejorar la prevención del delito y la eficiencia del sistema.
Díaz destacó que “las instituciones de seguridad como la Policía de la Provincia, Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y Policía Aeroportuaria son las instituciones con mejor reconocimiento y mayor prestigio social, junto a las Fuerzas Armadas y el Servicio Penitenciario”. Por ello, remarcó la necesidad de garantizarles recursos económicos, mejores salarios, incorporación de móviles, modernización de equipamiento y obras de infraestructura que permitan optimizar su labor preventiva.
El dirigente fueguino cuestionó además que “hablar de endurecer las penas puede resultar atractivo electoralmente, y por eso lo anuncian desde Nación a 25 días de una elección, pero este proyecto revela un desinterés del Gobierno Nacional en fortalecer las instituciones que trabajan todos los días para brindar seguridad al ciudadano”.
Díaz recordó que actualmente existe el Consejo de Seguridad Interior creado por la ley 24.059, aunque señaló que este órgano “no aborda política criminal ni justicia”. En cambio, el nuevo Consejo Federal que propone implicaría la participación del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, los gobiernos provinciales, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con el fin de generar políticas conjuntas y sostenidas a mediano plazo.
“Si este Consejo Federal se conforma, podemos lograr menor reincidencia, reducción del delito violento, más eficiencia del gasto público y menor saturación policial y judicial”, sostuvo el candidato.
Asimismo, Díaz planteó que el enfoque debería combinar el endurecimiento selectivo de ciertos delitos graves —como la corrupción o la violencia organizada— con una reforma integral de la política criminal que incluya prevención, justicia restaurativa, reinserción social y atención a las adicciones o la pobreza extrema.
Finalmente, concluyó: “Esto no debilita al Estado, sino que lo profesionaliza. La verdadera fortaleza estatal no está en castigar más, sino en lograr que se delinca menos”.
