El Senado de la Nación sancionó este viernes la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei que introduce cambios profundos en el sistema tributario argentino, al aplicar el principio de presunción de inocencia al vínculo entre el Estado y los contribuyentes.
La norma fue aprobada con 43 votos afirmativos y 26 negativos, y tiene como objetivo central dar previsibilidad, reducir la persecución fiscal y fomentar la formalización de ahorros, especialmente de los denominados “dólares del colchón”.
Blindaje para ahorros y uso libre de dólares
Uno de los ejes principales de la ley es el llamado “blindaje” de los dólares no bancarizados. El texto establece que quienes exterioricen o utilicen ahorros bajo este régimen no podrán ser perseguidos penalmente en el futuro, garantizando seguridad jurídica frente a eventuales cambios de gobierno.
El Gobierno busca así que esos fondos ingresen a la economía real, permitiendo su uso en consumo, inversiones y operaciones financieras, sin que el fisco presuma automáticamente un origen ilícito.
Cambios en el Régimen Penal Tributario
La ley modifica el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769) y eleva de manera significativa los montos mínimos a partir de los cuales una infracción impositiva pasa a ser delito penal.
De esta forma, las evasiones menores serán tratadas como faltas administrativas, y no como causas penales. Además, ARCA (ex AFIP) ya no podrá denunciar automáticamente a un contribuyente: deberá demostrar dolo e intención de evasión.
Régimen Simplificado de Ganancias
Otro punto destacado es la creación de un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, destinado a personas humanas con un patrimonio de hasta $10.000 millones.
Quienes adhieran quedarán exentos de informar constantemente variaciones patrimoniales, reduciendo de forma sustancial la carga burocrática y administrativa.
Presunción de inocencia y plazos de prescripción
La norma también modifica la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, estableciendo que será el Estado quien deba probar la culpabilidad del contribuyente antes de aplicar sanciones graves.
Además, se reducen los plazos de prescripción, acotando el tiempo durante el cual el fisco puede reclamar deudas impositivas, lo que apunta a brindar mayor previsibilidad a largo plazo.
Durante el debate, el senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), miembro informante del proyecto, afirmó que la ley “establece reglas claras” y busca corregir abusos históricos del sistema fiscal. Sostuvo que la transparencia es clave para sostener el contrato social y remarcó que el régimen no distingue banderías políticas.
Desde la oposición, el senador Martín Soria (PJ) adelantó el rechazo de su bloque y cuestionó que la iniciativa “beneficia a grandes evasores” mientras perjudica al pequeño contribuyente.
En tanto, el senador Maximiliano Abad (UCR) consideró que la ley “es un piso y no un techo” y reclamó avanzar en una reforma tributaria más amplia que incluya reducción de impuestos y simplificación para los sectores productivos.
Con la sanción definitiva, la Ley de Inocencia Fiscal entra en vigencia y se convierte en una de las reformas tributarias más relevantes del actual gobierno, con impacto directo en la política fiscal, el sistema penal tributario y la relación entre el Estado y los ciudadanos.
