El Ejecutivo aprobó un aumento en los salarios de los funcionarios y ministros, aunque excluyó su propio sueldo y el de la Vicepresidenta. También, pidió a las provincias y municipios congelar los salarios de los empleados públicos.
Nacionales02/01/2026
El Poder Ejecutivo Nacional oficializó el Decreto 931/2025, firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei, mediante el cual dispuso un aumento de salarios de ministros, secretarios, subsecretarios y altos funcionarios, habilitando la aplicación de incrementos salariales a partir de enero de 2026, en línea con las paritarias de la Administración Pública Nacional.
La medida alcanza a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo, pero excluye expresamente al Presidente y al Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, y establece un mecanismo automático de congelamiento salarial en caso de que el Estado vuelva a registrar déficit fiscal financiero.
En los considerandos del decreto, el Gobierno justificó la decisión en el marco de la emergencia económica heredada a fines de 2023, cuando la inflación interanual alcanzaba el 211,4 %, la pobreza superaba el 52 %, la economía caía más del 4 % y el déficit fiscal financiero rondaba el 6,1 % del PBI.
Según el Ejecutivo, las políticas de ajuste y ordenamiento implementadas desde el inicio de la gestión permitieron reducir la inflación al 31,3 % interanual en octubre de 2025, acumular 22 meses de superávit fiscal y lograr una reducción significativa de la pobreza, que habría descendido al 27,5 % en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo a estimaciones oficiales.
A quiénes alcanza el aumento
El decreto extiende a partir de enero de 2026 los incrementos salariales acumulados en las paritarias estatales de 2024 y 2025 a:
Condición clave: superávit fiscal
Uno de los puntos centrales del Decreto 931/2025 es que establece una cláusula fiscal automática:
si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado, todas las remuneraciones de las autoridades superiores quedarán congeladas, sin necesidad de dictar una nueva norma.
El congelamiento se mantendrá vigente hasta que se restablezca el superávit, reforzando el mensaje del Gobierno de que la disciplina fiscal es el eje del programa económico.
Además, la norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a diseñar e implementar un nuevo sistema de empleo público basado en:
Invitación a otros poderes y jurisdicciones
El decreto también invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a replicar el criterio de congelamiento automático de salarios en caso de déficit fiscal, aunque sin carácter obligatorio.
La decisión se da luego de que, en 2024, el propio Gobierno hubiera congelado los salarios de las autoridades superiores como señal de austeridad, en paralelo con la eliminación de ministerios, secretarías y direcciones y la reducción de alrededor de 60.000 puestos en el sector público nacional.
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