La Cámara de Diputados aprobó la reforma del Régimen Penal Juvenil y dio media sanción al proyecto que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina. La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.
El proyecto constituye uno de los pilares de la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno nacional y generó un fuerte debate político y jurídico en el recinto.
La votación reflejó la polarización en torno al tema: obtuvo 149 votos afirmativos —con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, gran parte de la UCR y bloques provinciales— y 100 votos en contra, correspondientes principalmente a Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
Qué cambia con la reforma del Régimen Penal Juvenil
La iniciativa propone que los adolescentes de entre 14 y 18 años sean penalmente responsables por los delitos que cometan, aunque bajo un régimen diferenciado del sistema de adultos.
Los menores de 14 años continuarán siendo inimputables. En esos casos, si cometen un delito, serán derivados a sistemas de protección de derechos y no a la justicia penal.
El texto fija además un tope de 15 años de prisión para menores de edad, incluso en delitos que para adultos prevén prisión perpetua, como determinados homicidios agravados. También establece que las penas deberán ser proporcionales a la edad del adolescente y a la gravedad del hecho, priorizando medidas alternativas en casos de delitos menores o primeras faltas.
En cuanto a las condiciones de detención, el proyecto prohíbe que los menores de 18 años sean alojados en cárceles comunes junto a adultos y obliga a crear o adaptar centros especializados que garanticen educación, atención en salud mental y programas de reinserción social.
Además, se incorporan garantías procesales específicas, como el derecho a un abogado defensor gratuito, asistencia psicológica y la participación de padres o tutores durante todo el proceso judicial. El texto también introduce mecanismos de justicia restaurativa y mediación en delitos que no involucren violencia física grave.
Argumentos a favor y en contra
Desde los bloques que acompañaron la iniciativa sostienen que la reforma actualiza una normativa vigente desde la última dictadura militar —la Ley 22.278— y que el sistema actual no responde a la realidad del delito juvenil. Argumentan que adolescentes de 14 años comprenden la gravedad de sus actos y que el cambio permitirá enfrentar el uso de menores por parte de organizaciones criminales.
Por su parte, los sectores que votaron en contra consideran que la medida es inconstitucional y vulnera tratados internacionales sobre derechos del niño. Además, plantean que el enfoque punitivo no resolverá el problema de fondo y que la respuesta debería centrarse en políticas sociales, educativas y de prevención.
Con la media sanción en Diputados, el proyecto ingresará ahora al Senado, donde el oficialismo buscará consolidar los acuerdos necesarios para convertir la reforma en ley.
La discusión sobre la edad de imputabilidad vuelve así al centro de la agenda política, en un contexto de creciente preocupación social por la inseguridad y el delito juvenil, pero también de fuertes advertencias sobre el alcance y las consecuencias de una modificación en el régimen penal aplicable a adolescentes.
