🔍Mirada 24 | Cuando los sindicatos se convierten en dueños de la necesidad

La condena judicial al histórico dirigente de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, y al referente del área de Vivienda del gremio, Miguel Arana, vuelve a dejar una pregunta incómoda pero inevitable: ¿cómo fue posible que durante años un sindicato manejara expectativas habitacionales, terrenos y promesas de viviendas como si fueran patrimonio propio?

La respuesta no es solamente judicial. También es política, institucional y social.

Porque detrás de la estafa de las 128 Viviendas del Río Pipo no hubo únicamente dirigentes condenados. Hubo un sistema que permitió que organizaciones gremiales ocuparan un lugar que jamás deberían haber tenido: el de intermediarios entre el Estado y la necesidad habitacional de miles de familias.

Y todo esto ocurre en una Provincia atravesada desde hace décadas por una crisis habitacional profunda. No es un problema nuevo ni reciente. Tierra del Fuego arrastra hace años una enorme dificultad para garantizar acceso a la tierra y a la vivienda para miles de familias fueguinas.

Mientras generaciones enteras crecen esperando un terreno, una adjudicación o una solución habitacional, muchos dirigentes sindicales fueron acumulando poder sobre lo fiscal, desplazando el verdadero rol que debería cumplir un sindicato.

Porque en cualquier país serio, un sindicato existe para defender derechos laborales, salarios y condiciones de trabajo. No para convertirse en administrador informal de terrenos fiscales, operador inmobiliario o distribuidor de viviendas.

Sin embargo, en Tierra del Fuego ocurrió exactamente eso.

Durante años, distintos sectores políticos permitieron que estructuras sindicales manejaran influencia sobre adjudicaciones, promesas habitacionales y acceso a la tierra. Y en muchos casos, esa lógica terminó funcionando en complicidad con sectores del poder político que miraron hacia otro lado o directamente avalaron esos mecanismos.

Los testimonios expuestos durante el juicio fueron contundentes. Vecinos que entregaron ahorros de toda una vida. Personas que cedieron vehículos como parte de pago. Familias desesperadas por acceder a un techo propio. Muchos ni siquiera eran afiliados al sindicato, pero confiaban en dirigentes que durante décadas construyeron poder político y social en Tierra del Fuego.

La lógica era siempre la misma: promesas de adjudicación, proyectos de viviendas, supuestos contactos con organismos oficiales y pedidos de dinero que terminaban fuera de cualquier circuito formal. Después, las casas nunca aparecían y el Estado tampoco reconocía esas operaciones.

Y mientras eso ocurría, miles de fueguinos seguían esperando.

Hijos nacidos en la provincia que hoy continúan viviendo con sus padres porque no pueden acceder a un terreno. Familias enteras atrapadas en alquileres imposibles de sostener. Jóvenes que directamente decidieron marcharse de Tierra del Fuego porque el sueño de construir una vida propia se volvió inalcanzable.

Al mismo tiempo, la provincia observó durante años cómo muchas personas recién llegadas, incluso sin superar los diez años de residencia en la isla, terminaban ocupando de manera ilegal tierras fiscales o accediendo a situaciones irregulares frente a quienes llevan décadas esperando dentro de los registros oficiales.

Ese contraste destruyó la confianza social.

Porque el acceso a la tierra dejó de percibirse como un sistema transparente y pasó a verse como un esquema atravesado por privilegios, contactos, acomodos y poder político.

Y allí aparece el problema de fondo.

La vivienda social, los terrenos fiscales y las soluciones habitacionales no pueden quedar en manos de estructuras paralelas al Estado. Mucho menos de dirigentes sindicales con capacidad de decidir discrecionalmente quién accede y quién no a un derecho básico.

Cuando un gremio administra expectativas habitacionales, inevitablemente se genera un sistema de favores, dependencia y poder. El acceso a una casa deja de estar vinculado a criterios transparentes de necesidad social y comienza a girar alrededor de contactos, cercanía política o capacidad económica para “entrar” en determinados circuitos.

Eso destruye el principio de igualdad.

Los terrenos fiscales y las viviendas sociales deben adjudicarse únicamente mediante registros públicos, listados transparentes y sistemas auditables. Priorizar a quienes esperan hace años, a quienes realmente necesitan un techo, a quienes cumplen con los requisitos establecidos por ley. No a quienes tienen llegada a un dirigente.

La condena a Córdoba y Arana no solamente marca el final judicial de una causa. También debería abrir una discusión mucho más profunda sobre el rol que tuvieron durante años distintas organizaciones intermedias en el manejo informal de tierras y viviendas en Tierra del Fuego.

Porque cuando el Estado delega o permite esas prácticas, termina ocurriendo lo que pasó en Ushuaia: familias enteras depositando su esperanza en estructuras que nunca debieron tener semejante poder.

Y las consecuencias siempre son las mismas: frustración, pérdida de dinero, desconfianza y más desigualdad.

Hoy, mientras cientos de fueguinos continúan esperando un terreno o una vivienda digna, la prioridad debería ser fortalecer mecanismos transparentes, públicos y controlados. Que nadie tenga que acudir a un dirigente político, sindical o puntero para acceder a un derecho elemental.

La necesidad habitacional no puede ser un negocio ni una herramienta de construcción de poder.

Nunca más.