El legislador, Ricardo Furlan, explicó el alcance de la ley aprobada el pasado viernes que establece la obligatoriedad de una rinoscopia para funcionarios y los electos del Poder Ejecutivo provincial, Poder Legislativo, funcionarios judiciales y de la Policía Provincial, y de esa manera poder detectar si alguno de ellos consume alguna droga ilícita.
El parlamentario señaló que durante el debate “algunos querían que invitáramos –en el texto- a los restantes poderes, otros que no” y evaluó que se trata de “discusiones normales” para arribar a un articulado consensuado.
No obstante, “es importante que desde el gobernador hasta el último funcionario electo o designado tenga la responsabilidad de someterse a estos análisis”, destacó Furlan.
Consultado sobre los alcances de la reglamentación, luego de la promulgación del texto sancionado ayer, el legislador entendió que “está prevista en 60 días”. También, agregó que pueden “adherir los municipios”, aunque la Ley es de alcance a todos los poderes del Estado.
Sobre la posición de este tipo de controles en el país, respecto de las demás provincias, informó que “somos casi pioneros” ya que Tucumán la sancionó en 2017; Salta y Chaco que las han presentado, pero aún no sancionado.
“En el país se hacen este tipo de controles a las fuerzas de seguridad, pero no es lo mismo que hacer controles a los funcionarios electos o designados”, concluyó.
