La legisladora del Partido Verde, Victoria Vuoto, aseguró que el Gobierno realizó un "mamarracho jurídico para legalizar los despidos" al revocar el Convenio Colectivo de Trabajo realizado durante la gestión de Rosana Bertone y que ahora revisará junto con los sindicatos.
La parlamentaria dijo que “con la sanción de la Emergencia Administrativa se buscaba el aval de la Legislatura para dejar sin efecto el Convenio Colectivo de Trabajo. Al no conseguir la Emergencia, el Gobernador utilizó una herramienta excepcional del derecho administrativo como es dictar la ilegitimidad de los actos administrativos. Esta herramienta excepcional solo puede ser utilizada cuando no existen derechos subjetivos que se estén cumpliendo y frente a vicios en el acto administrativo que sean insubsanables. Ninguno de esos requisitos se cumple, por lo tanto la única vía posible para echar por tierra el Convenio Colectivo es la judicial”.
"La sanción del Convenio Colectivo otorga derechos a los trabajadores como régimen de licencias, carreras administrativa, entre otros, por tanto hablamos de derechos adquiridos. Y, por otro lado, ninguno de los aspectos señalados por el Gobierno Provincial tienen el carácter de vicios que fundamenten una nulidad absoluta. Por el contrario, son subsanables. Entonces no corresponde dejar sin efecto el Convenio como lo hizo el Gobernador a través de un decreto”, apuntó Vuoto.
Para la legisladora, "es gravísimo que debiendo acudir a instancia judicial para revisar las cuestiones que pretenden, se arroguen la facultad de hacerlo por Decreto, cuando el propio Fiscal de Estado les dice que deben subsanarlo, no anularlo. Es un acto autoritario y arbitrario nunca antes visto, que desconoce completamente las normas de la negociación colectiva y perjudica a todos los trabajadores estatales".
“Hicieron este mamarracho jurídico para legalizar los despidos de los cientos de trabajadores afectados, con un mecanismo muy perverso pues los decretos de baja ni siquiera le dan la certeza a la gente de estar despedidos, pues deben esperar una notificación posterior para enterarse. Hemos tomado conocimiento por algunos trabajadores afectados que las notificaciones incluso no son acompañadas ni del decreto ni del dictamen legal que integra los mismos, que son justamente los instrumentos que deberían permitirle a las personas conocer los fundamentos de tamaña decisión”, apuntó la parlamentaria.
“Tenemos que terminar con la costumbre de que el Gobierno que asume pone bajo sospecha y persigue a los trabajadores designados en el Gobierno anterior. En muchos casos se habla de gente con más de 10 años de antigüedad, que merecían el nombramiento por su trabajo y esfuerzo”, dijo, además.
