La Legislatura fueguina aprobó ayer una polémica ley que establece que durante seis meses se destinará dinero de un fondo tributario para financiar a la deficitaria Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), que utilizan los empleados públicos y a quienes el gobierno de Gustavo Melella decidió no tocar sus aportes.
Haciendo lo propio de la impronta de la gestión que se caracteriza por el sector público, y muy lejos el privado, fue el propio Ejecutivo provincial que impulsó la aprobación de la norma, acompañada por el Parlamento. “Agradezco a los Legisladores y Legisladoras de la Provincia por el acompañamiento y aprobación de una nueva herramienta que nos permitirá financiar la OSEF en este momento complicado del país”, dijo Melella.
Desde el Gobierno se encargaron de aclarar que "no se trata de una suba de impuestos o tasas" pero el dinero de los fueguinos que irá a una obra social de los empleados públicos saldrá de un redireccionamiento "en función de la modificación tributaria de septiembre, que pagan las actividades financieras, lo cual permite contar con recursos extraordinarios".
La obra social del Estado cuenta con 58.209 beneficiarios, de los cuales solamente aportan 31.114, y el ingreso promedio por beneficiario es de apenas $ 34.667.
Lejos de aumentar los aportes que deberían hacer los empleados públicos, Melella defendió la norma al decir que "esta es la alternativa que tenemos porque no podemos pedirle a los trabajadores que aporten más porque tenemos que cuidar los salarios".
