El Gobierno provincial presentó un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en el sistema integral de seguridad pública por un periodo de dos años y en donde se busca desembolsar 500 mil millones de pesos, tanto para unidades carcelarias como la Policía y Servicio Penitenciario.
La iniciativa, que ya ha sido discutida en la Comisión N° 6 de Justicia y Seguridad de la Legislatura, prevé la asignación de 5 mil millones de pesos para realizar mejoras edilicias en el Servicio Penitenciario y para la adquisición de equipamiento y tecnología para la Policía de la provincia.
El viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals, destacó que este proyecto es más abarcativo que una propuesta previa presentada en 2023, que solo se centraba en el Servicio Penitenciario. “Nuestra iniciativa busca articular un enfoque integral, incluyendo la posibilidad de iniciativas público-privadas, tomando en cuenta experiencias exitosas a nivel nacional e internacional”, comentó.
La propuesta surge como respuesta a la creciente crisis en el sistema penitenciario, donde el viceministro enfatizó la necesidad de construir una nueva unidad carcelaria. Sin embargo, el costo de esta construcción se estima entre 22 mil y 25 mil millones de pesos, lo que actualmente resulta inviable. En su lugar, se están llevando a cabo trabajos de refacción en el Anexo 4 en Ushuaia y en una gamela en Río Grande, que podrán alojar a decenas de reclusos en el corto plazo.
El proyecto también contempla la inclusión del sector privado, lo que podría abrir nuevas alternativas para la gestión de las unidades penitenciarias y los servicios asociados, como la alimentación y la lavandería. “En el contexto económico actual, donde los recursos son limitados, es esencial buscar la colaboración del sector privado”, aseguró Canals.
Además, la declaración de emergencia abarcará todo el sistema de seguridad, no solo como una medida de urgencia, sino para facilitar trámites y contrataciones que se ven complicados por la situación nacional. “Es una forma de acelerar procesos necesarios, como la actualización de software y equipamiento esencial para la Policía”, concluyó el viceministro.
El proyecto de ley está en proceso de análisis legislativo.
