Con una mayoría conformada por el oficialismo, legisladores libertarios y sectores del peronismo, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó este lunes la ratificación del convenio que transfiere áreas convencionales de hidrocarburos de YPF a la empresa estatal Terra Ignis, acuerdo que había sido firmado previamente por el gobernador Gustavo Melella y la petrolera, pero que requería aval parlamentario.
La iniciativa obtuvo votos afirmativos de las legisladoras libertarias Natalia Gracianía y Luciano Selzer; de los peronistas Victoria Vuoto y Juan Carlos Pino; del legislador Matías Lapadula, alineado con el intendente Martín Pérez; del opositor Raúl Von Der Thusen (Somos Fueguinos); y del bloque oficialista de FORJA, integrado por Federico Sciurano, Federico Greve, Myriam Martínez y la oficialista Gisela Dos Santos.
En tanto, los votos negativos correspondieron a Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino), Damián Löffler y Jorge Lechman (Somos Fueguinos).
Un traspaso con fuertes cuestionamientos técnicos y ambientales
El convenio ratificado establece el traspaso de las áreas convencionales que deja YPF a Terra Ignis, empresa creada por la Provincia en 2022 con el objetivo declarado de “garantizar la energía en Tierra del Fuego”, aunque hasta el momento no ha desarrollado operaciones propias ni resuelto problemas estructurales del sistema energético, especialmente en Ushuaia y Tolhuin.
Según lo expuesto durante el debate, unos 500 puestos de trabajo que deja YPF serán absorbidos por Terra Ignis, al menos por un período inicial de 12 meses. Sin embargo, desde el propio oficialismo reconocieron que la continuidad laboral no está garantizada a largo plazo.
El legislador Federico Greve admitió en el recinto que “Terra Ignis no tiene capacidad operativa" para explotar las áreas, por lo que será necesario el ingreso de socios privados, instancia en la que podrían producirse revisiones de contratos y eventuales despidos.
Falta de información clave y estudios obligatorios
Uno de los puntos más cuestionados del proceso es que el Gobierno provincial firmó la cesión “ad referendum”, pero no remitió en tiempo y forma a la Legislatura los informes técnicos, económicos ni ambientales, ni los publicó para conocimiento público.
En materia ambiental, se remarcó que la Secretaría de Ambiente no realizó los estudios de impacto ambiental exigidos por la normativa vigente. En su lugar, el Ejecutivo contrató una “auditoría” a una fundación vinculada a un exsubsecretario de Ambiente del gobierno de Alberto Fernández.
En paralelo, tampoco se publicó un dictamen técnico de la Secretaría de Hidrocarburos, lo que deja a legisladores, especialistas y a la ciudadanía sin información mínima para evaluar un contrato considerado estratégico para el futuro energético y económico de la provincia.
