
Investigan a Meloni por liberar a comandante libio acusado de crímenes de guerra

La Fiscalía de Roma ha iniciado una investigación contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras la controvertida liberación y posterior deportación de Osama Al Masri Njeem, un comandante libio acusado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Meloni confirmó la apertura de la investigación a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que reveló haber recibido un "aviso de garantía" del fiscal Francesco Lo Voi, lo que marca el inicio de un proceso formal en su contra. Las sospechas recaen sobre presuntos delitos de favorecimiento y malversación de fondos, y también involucran a varios de sus ministros, entre ellos Carlo Nordio (Justicia), Matteo Piantedosi (Interior) y Alfredo Mantovano (Presidencia del Consejo de Ministros).
La denuncia, presentada por el abogado Luigi Li Gotti, ex político de izquierda cercano al ex primer ministro Romano Prodi, fue firmada el 23 de enero, dos días después de la liberación de Al Masri y su deportación a Libia. Según Gotti, su denuncia plantea la hipótesis de varios delitos y exige una investigación formal.
Al Masri fue detenido el 19 de enero en Turín, donde se disponía a asistir a un partido de fútbol, pero fue liberado dos días después por una decisión del Tribunal de Apelación de Roma. Este tribunal determinó que el ministro de Justicia, Carlo Nordio, no había sido informado de la detención, como es requerido en casos que involucran al TPI. Posteriormente, Al Masri fue deportado a Trípoli por orden de Piantedosi, quien justificó la acción por "razones de seguridad".
El comandante libio está acusado de haber supervisado centros de detención en Libia, donde se habrían cometido atrocidades, como torturas, asesinatos y violencia sexual, especialmente contra prisioneros por motivos religiosos o políticos. El TPI sostiene que Al Masri fue responsable de estos crímenes o los ordenó.
En respuesta a las acusaciones, Meloni defendió la legalidad de las decisiones tomadas y afirmó que no se dejaría intimidar. "No soy chantajeable y no me voy a dejar intimidar. Voy a seguir adelante con la cabeza bien alta y sin miedo", declaró.
Este caso se produce en un contexto sensible, dado que Libia es clave en las políticas migratorias de Italia. Italia ha financiado y entrenado a la Guardia Costera libia para evitar que migrantes lleguen a Europa, un asunto que sigue siendo muy controvertido.



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