La titular del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chapperón, informó hoy que el gobierno revisará pensiones de discapacidad y cobertura médica a beneficiarios del RUPE, luego de que se detectaran algunos casos "irregulares".
La funcionaria indicó que, en el último mes, el Gobierno destinó cerca de $1.100 millones al pago de pensiones no contributivas, mientras que otros $38 millones fueron otorgados a beneficiarios por vejez bajo la misma normativa.
En total, el padrón del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) cuenta con 2.086 beneficiarios: 2.006 por discapacidad y 71 bajo los alcances de la Ley 389, que también incluye a adultos mayores. De este universo, 998 personas reciben cobertura médica a través de la obra social estatal OSEF, destinada a quienes no poseen otra cobertura propia, familiar o por tutor legal.
La ministra Adriana Chapperón destacó que el Estado fueguino ha realizado una inversión considerable para garantizar el acceso a la salud de este sector. Solo en el primer semestre de 2025, el gasto en prestaciones médicas para afiliados con discapacidad a la OSEF alcanzó los $2.650 millones, lo que equivale a un promedio de $450 mil mensuales por beneficiario, sin incluir el costo de acompañantes terapéuticos.
Asimismo, la funcionaria informó que se están revisando casos puntuales por posibles incumplimientos de la normativa vigente. Entre las irregularidades detectadas figuran beneficiarios que no residen en la provincia por más de tres meses sin justificación, certificados médicos con un porcentaje de discapacidad inferior al 66%, o la falta de declaración de otros ingresos como jubilaciones, pensiones o empleos formales.
“En todos estos casos se procede al análisis correspondiente y, de ser necesario, se notifica a los beneficiarios para que regularicen su situación antes de suspender o caducar el beneficio, tal como lo establece la ley”, señaló Chapperón.
Por último, recordó que en 2019 el monto de la pensión por discapacidad era de $204 mil, mientras que actualmente supera los $540 mil, lo que representa un incremento significativo en la asistencia estatal.
