El Puerto de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, fue escenario este lunes de un grave episodio de represión policial contra trabajadores estibadores, en el marco de un conflicto laboral aún no resuelto. El operativo, que dejó varios trabajadores detenidos y heridos, se produjo mientras regía una conciliación obligatoria dictada por el Gobierno provincial, lo que agrava la situación institucional del hecho.
Los estibadores denunciaron que la violencia fue ejercida por orden de la Fiscalía a cargo de la Dra. Marina Albertina Chichi, con el respaldo de la empresa de capitales uruguayos Urcel SA y el acompañamiento de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), incluso cuando se encontraban en curso instancias de diálogo para destrabar el conflicto.
La protesta pacífica fue encabezada por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Concepción del Uruguay, organización legalmente constituida y con autoridades recientemente electas, que reclama el reconocimiento gremial y la defensa del trabajo local frente a lo que califican como prácticas extorsivas de la empresa Urcel SA.
Según denunciaron los trabajadores, la firma uruguaya desconoce la legislación laboral argentina y amenaza con reemplazar a estibadores locales por personal proveniente de otras localidades, bajo condiciones de precarización y explotación laboral. Cabe recordar que los jornales portuarios en Entre Ríos se encuentran entre los más bajos del país, profundizando la desigualdad dentro del sistema portuario nacional.
Desde el SUPA Concepción del Uruguay calificaron lo ocurrido como inadmisible e ilegal.
“En medio de una conciliación obligatoria dictada por la Provincia, se desató una represión violenta y sangrienta contra un reclamo justo. Hay una empresa uruguaya que no respeta la ley argentina, una federación que avala el atropello y un Estado que, en lugar de garantizar derechos, reprime a los trabajadores”, expresaron desde el gremio.
Uno de los puntos más cuestionados por los estibadores es el rol de la FeMPINRA, a la que acusan de alinearse con la empresa Urcel SA y desconocer al sindicato local. Según denuncias, un delegado de la federación habría acompañado y avalado el accionar policial, contribuyendo a una escalada de violencia en un conflicto que se desarrollaba de manera pacífica.
El accionar de la FeMPINRA expone, según los trabajadores, una contradicción evidente. Meses atrás, la federación participó activamente de bloqueos y medidas de fuerza en el puerto de Bahía Blanca, una terminal que cuenta con los mejores salarios del sistema portuario argentino y sindicatos plenamente reconocidos.
En contraste, en Concepción del Uruguay —donde los salarios son de los más bajos del país y existen denuncias de precarización, violaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales y desconocimiento de una entidad gremial legítima— la federación no solo guardó silencio, sino que habría respaldado a la empresa y al accionar represivo.
Esta situación generó un fuerte malestar dentro del movimiento portuario y no se descarta que sindicatos miembros decidan abandonar la FeMPINRA, profundizando la crisis interna de la federación.
