La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) generó un fuerte impacto político en Tierra del Fuego y abrió un debate que excede lo administrativo para instalarse en el plano geopolítico y de responsabilidades institucionales. En ese marco, la legisladora de la Libertad Avanza, Natalia Gracianía, brindó hoy una extensa entrevista en Radio Provincia Ushuaia, donde buscó despejar versiones que vinculan la medida con intereses de los Estados Unidos.
Según relató, junto a los diputados Pauli y Rodríguez solicitaron una audiencia con el interventor designado por Nación, Iñaki Arreseygor, quien explicó los alcances de la decisión adoptada por la ANPYN, autoridad portuaria nacional. Allí, aseguró Gracianía, se dejó en claro que la intervención no responde a ningún plan de cesión del puerto a potencias extranjeras ni a empresas multinacionales.
“La idea de que el presidente Milei quiere entregar el Puerto de Ushuaia a Estados Unidos no tiene ningún sustento real”, afirmó la legisladora, al tiempo que calificó esas versiones como “disparatadas” y funcionales a desviar la atención del problema central. Incluso desestimó especulaciones vinculadas a la visita de representantes del Congreso estadounidense a la provincia, aclarando que no guardaron relación alguna con la intervención portuaria.
Más allá de negar un trasfondo internacional, Gracianía detalló que la decisión de intervenir el puerto se tomó tras auditorías y controles que revelaron una situación crítica en la administración provincial de la terminal marítima. Según explicó, la ANPYN detectó deficiencias estructurales, operativas y de gestión que comprometían los estándares mínimos exigidos por el régimen portuario nacional, afectando la seguridad, la funcionalidad y la sustentabilidad del puerto.
Entre los puntos más alarmantes se constató un deterioro significativo del muelle comercial, especialmente en el sitio 3, con defensas visiblemente desgastadas. Pero el aspecto más sensible fue el uso de los recursos financieros del puerto, donde se detectaron desvíos de fondos hacia convenios de asistencia al Gobierno provincial.
De acuerdo a la información suministrada por el interventor, se identificó un convenio por 4.000 millones de pesos con el Ministerio de Economía, además de acuerdos similares con el Ministerio de Salud. En total, los montos observados oscilarían entre 5.000 y 6.000 millones de pesos, recursos que debían reinvertirse en obras portuarias.
Sin embargo, la entrevista dejó expuesta una contradicción política de la libertaria. Durante el diálogo radial, Gracianía reconoció que votó a favor de la ley que habilitaba el uso de fondos del Puerto de Ushuaia para asistir a la obra social OSEF, una decisión que luego fue señalada como parte del esquema que facilitó el desvío de recursos y derivó, en parte, en la intervención nacional.
La legisladora explicó que aquel voto se dio en julio de 2025, en un contexto de emergencia sanitaria y financiera de OSEF, y sostuvo que la iniciativa fue avalada por el propio Gobierno provincial y acompañada por unanimidad. No obstante, admitió que no existe información clara sobre si esos fondos efectivamente llegaron a destino, pese a que la ley fue sancionada, promulgada y reglamentada.
Paradójicamente, los mismos convenios financieros que hoy son observados por la ANPYN como irregulares se apoyaron en cláusulas presupuestarias aprobadas por la Legislatura, que habilitaban préstamos entre organismos superavitarios. Esa decisión política es hoy uno de los elementos centrales que explican el vaciamiento de fondos destinados a obras portuarias.
Gracianía insistió en que la intervención fue la “menos gravosa” de las alternativas posibles, ya que el cierre del puerto hubiera sido devastador para la economía fueguina, el turismo de cruceros y la logística antártica. Aseguró además que Nación no se lleva los recursos del puerto, sino que los destinará exclusivamente a obras de infraestructura y seguridad.
La intervención del Puerto de Ushuaia, lejos de ser un episodio aislado, se consolida así como un síntoma de una crisis más profunda de gestión y control, donde las responsabilidades no se limitan a Nación o a la Provincia, sino que alcanzan también a quienes levantaron la mano para habilitar el uso discrecional de recursos que debían garantizar la operatividad y seguridad del principal puerto fueguino.
