El secretario Legal y Técnico del Gobierno de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, se refirió al dictamen emitido por la Unidad Fiscal Ushuaia, dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la causa iniciada contra la intervención del Puerto de Ushuaia, y remarcó que el expediente continúa plenamente en trámite.
El funcionario aclaró que hasta el momento no existe ninguna resolución judicial sobre el fondo de la cuestión ni sobre la medida cautelar solicitada por la Provincia para suspender los efectos de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional.
En ese sentido, Fossatto explicó que el dictamen fiscal constituye un acto procesal propio del desarrollo del expediente y que no tiene carácter decisorio, ni implica un pronunciamiento jurisdiccional. “No existe en esta instancia una resolución sobre la inconstitucionalidad de la intervención ni tampoco sobre la cautelar solicitada”, precisó.
Asimismo, indicó que la controversia se encuentra actualmente centrada en la discusión sobre la competencia del tribunal, una cuestión previa que deberá ser resuelta antes de cualquier pronunciamiento sustancial. “Será el juez interviniente quien, una vez analizados los planteos efectuados, se expida sobre la competencia y, en su caso, sobre la medida cautelar y el fondo de la causa”, sostuvo.
El secretario Legal también detalló que la Unidad Fiscal Ushuaia dispuso dar intervención al Fiscal de Estado de la Provincia, a fin de que se expida específicamente sobre la competencia y sobre las facultades del Gobernador para actuar en este proceso, conforme lo ordenado en el proveído judicial y dentro del plazo establecido.
“Este dictamen no cierra el debate. Por el contrario, confirma que la causa sigue su curso y que la discusión se dará en el ámbito judicial”, afirmó Fossatto, quien ratificó que el Gobierno de Tierra del Fuego agotará todas las instancias judiciales disponibles en defensa irrenunciable de la autonomía provincial y de los recursos estratégicos.
Desde la administración provincial sostienen que la intervención del Puerto de Ushuaia vulnera la autonomía provincial y el sistema federal, una postura que, según indicaron, cuenta con un amplio respaldo social y político.
