Con el respaldo del PRO, el radicalismo, bloques provinciales y el alineamiento de varios gobernadores, el Gobierno consiguió este jueves la media sanción de la polémica reforma laboral en el Senado. El proyecto fue aprobado con 42 votos a favor y 30 en contra, sin abstenciones, y ahora deberá enfrentar el debate en la Cámara de Diputados.
El oficialismo reunió el acompañamiento de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO y distintos espacios provinciales como Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico y La Neuquinidad.
En términos numéricos, votaron a favor los 20 senadores de LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas y legisladores de fuerzas provinciales. En contra se pronunciaron 30 senadores del interbloque peronista —Justicialismo, Convicción Federal y Frente Cívico de Santiago del Estero— junto a dos representantes de Santa Cruz.
La votación expuso el acompañamiento de varios mandatarios provinciales al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones).
En las horas previas, el oficialismo incorporó modificaciones y anexos para asegurarse los votos necesarios. Entre ellos, incluyó el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires como anexo, ante la imposibilidad reglamentaria de tratarlo como proyecto independiente.
También se debatió el pago de salarios mediante billeteras virtuales. Finalmente, se resolvió que solo los bancos podrán realizar esa operatoria, salvo que las fintech se adecuen a las normas del Banco Central.
El proyecto propone incentivos fiscales para promover el empleo formal, fija topes a las indemnizaciones por despido, habilita convenios colectivos por empresa, crea el denominado “banco de horas” y establece límites al derecho de huelga en servicios esenciales.
Para el oficialismo, se trata de una herramienta para fomentar la contratación y reducir la litigiosidad. Sin embargo, desde sectores opositores, centrales sindicales y especialistas en derecho laboral advierten que el núcleo de la reforma apunta a reducir costos empresariales a costa de derechos laborales consolidados.
Uno de los puntos más sensibles es el tope a las indemnizaciones. Sus críticos sostienen que al limitar las compensaciones por despido se debilita la estabilidad del trabajador y se abarata la desvinculación.
La habilitación de convenios por empresa es vista como otro eje de flexibilización, ya que podría fragmentar la negociación colectiva y erosionar el poder de los sindicatos, generando trabajadores con distintas condiciones dentro de una misma actividad.
El “banco de horas” también genera alarma en sectores gremiales, que advierten que permitir la compensación de horas extras con descanso —en lugar de pago adicional— puede impactar directamente en el salario real y en la previsibilidad de ingresos.
En cuanto al derecho de huelga, los nuevos límites en servicios esenciales son interpretados por la oposición como una restricción al ejercicio de un derecho constitucional, especialmente en conflictos laborales de alto impacto.
Diversos especialistas señalan que, en un contexto económico adverso, la reforma podría profundizar situaciones de precarización laboral, al ampliar márgenes de negociación en escenarios donde el trabajador se encuentra en una posición más débil frente al empleador.
Además, algunos abogados laboralistas anticipan que los nuevos esquemas podrían derivar en un aumento de la judicialización, ya que muchos de los cambios deberán ser interpretados por los tribunales, generando nuevos conflictos legales.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Bases en 2024, la reforma laboral se convirtió en una de las apuestas centrales del Gobierno en el Congreso.
Con la media sanción ya obtenida, el proyecto pasará ahora a Diputados, donde el oficialismo buscará convertir en ley una iniciativa que el Ejecutivo presenta como modernizadora, pero que amplios sectores sindicales y políticos consideran un retroceso en materia de derechos laborales.
