Se trata de la denuncia penal que recae sobre el Director de Juventudes del Municipio de Río Grande quien utilizó dinero público por más de 3,5 millones de pesos para gastos personales.
Locales 26/05/2022
Desde el comité provincial de la UCR salieron hoy a reclamar explicaciones al intendente de Río Grande, Martín Pérez, como así también a los entes de contralor luego de que se conociera la denuncia penal que recae sobre el Director de Juventudes de Río Grande, César Segovia, por el uso personal de más de 3,5 millones de pesos proveniente del dinero público.
"Vemos con preocupación los hechos irregulares que salieron a la luz en el municipio de Río Grande.
Creemos que es necesario que desde la Municipalidad se den explicaciones claras de lo sucedido, entendiendo que la transparencia debe ser una característica fundamental de toda administración pública", dijeron los radicales mediante un comunicado.
"Los funcionarios políticos que desarrollan sus tareas en cualquier ente estatal deben tener como premisa trabajar de cara a la gente que representan", agregó el Comité.
Ante la denuncia y el grave hecho de corrupción del funcionario de Pérez, el Comité sostuvo que "estando convencidos de que es un deber de quien designó a esos funcionarios, es necesario que se den todas las explicaciones que exija la ciudadanía de Río Grande y que tanto el poder ejecutivo como los entes de contralor del municipio den claridad sobre esta situación para efectivizar las medidas para que nada similar vuelva a ocurrir", concluyeron.
Según trascendió, Segovia grabó el número y código de seguridad de una tarjeta del Estado, para luego asociarla a su cuenta de Mercado Pago y realizar gastos personales por más de 3,5 millones de pesos.
La asesora letrada del municipio de Río Grande, Valeria Capotorto, informó que el área de finanzas logró determinar desde el primer hasta el último uso indebido de la tarjeta y confirmó que el monto final sería 3 millones 800 mil pesos.
La abogada detalló que Segovia utilizó los datos de una tarjeta corporativa a nombre del Dr. Gonzalo Ferro que tenía gastos autorizados por resolución. En los detalles de las misma habrían advertido gastos que extralimitaban la misma, se hicieron averiguaciones internas y se inició un sumario interno, pudiendo dar con el funcionario denunciado.
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