Royon dijo que le "excede" si el pedido de renuncia por parte de Milei fue "un castigo por la ley Bases"

La exsecretaria de Minería Flavia Royon, quien renunció a su cargo por pedido del presidente Javier Milei, afirmó hoy que le "excede" si su salida del Gobierno nacional pudo "ser parte de un castigo" por el resultado de la votación de la ley 'Bases' en la Cámara de Diputados, después de que el proyecto volviera a la instancia de comisión tras no avanzar el debate en la discusión en particular de los artículos.

"Yo no tuve conversaciones ni ningún tipo de acuerdo sobre la ley, mucho menos sobre cómo iban a votar los disputados de Salta", explicó Royon, oriunda de esa provincia y exfuncionaria del gobernador Gustavo Sáenz, uno de los dirigentes a quien se responsabilizó políticamente desde el Gobierno por el freno que sufrió el proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".

El presidente Javier Milei, por medio de un comunicado que difundió la Oficina del Presidente, solicitó el viernes último la renuncia de Royon al frente de la Secretaría de Minería, al considerar que "la crisis económica heredada y el momento histórico actual" del país requieren "funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado".

Junto con Royon, el jefe de Estado pidió la dimisión de quien era director de la ANSeS, Osvaldo Giordano, un funcionario allegado políticamente al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también cuestionado por el Ejecutivo debido a que los diputados nacionales que representan a la provincia votaron en contra del proyecto legislativo en la discusión en particular de los artículos.

En declaraciones a Radio Mitre, Royon dijo que le "excede" si el pedido de renuncia al cargo fue "parte de un castigo" por la desaprobación que sufrió la iniciativa en el Congreso, después de haber alcanzado la media sanción en general.

Sin embargo, ante una consulta, aceptó que su salida del Gobierno "sí" puede tomarse como "una esquirla" por el resultado negativo del proyecto de ley tras un presunto "acuerdo político" que el Gobierno había alcanzado con algunos gobernadores, entre ellos el de Salta.