Denuncian que el Gobierno busca instalar sospechas sobre pensiones y prestadores tras el rechazo a cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero la difusión de esa cifra podría inducir a la sociedad a creer erróneamente que existen 178.000 pensiones cobradas de manera irregular.
Nacionales23/12/2025
Luego del revés sufrido por el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados —donde 123 legisladores rechazaron el Capítulo XI del Presupuesto 2026, que proponía derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad— se desató una fuerte polémica a partir de declaraciones del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Desde el Foro Permanente de Discapacidad, una organización no gubernamental que nuclea a entidades y prestadores del sector, cuestionaron duramente la información difundida por el organismo oficial, que afirmó haber detectado 178.000 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) activos correspondientes a personas fallecidas, intentando además vincular esa situación con los prestadores.
Aclaran que el CUD no implica cobrar pensiones ni prestaciones
El Foro Permanente de Discapacidad remarcó que poseer un Certificado Único de Discapacidad no implica recibir una prestación ni percibir una pensión, por lo que la difusión de esa cifra podría inducir a la sociedad a creer erróneamente que existen 178.000 pensiones cobradas de manera irregular.
“Muchas personas cuentan con un CUD y no reciben ningún tipo de beneficio económico”, señalaron desde la ONG, advirtiendo que este tipo de mensajes refuerzan el discurso oficial que busca instalar la idea de un supuesto “curro” en el sistema de discapacidad.
Asimismo, aclararon que la auditoría realizada sobre pensiones tuvo como único objetivo verificar si los beneficiarios cumplían los requisitos exigidos, y no analizar la validez de los certificados de discapacidad. Además, recordaron que para acceder a una pensión no se exige el CUD, sino el Certificado Médico Obligatorio, emitido por un hospital público.
El Foro cuestionó que, tras dos años de gestión, el Gobierno recién ahora llegue a esta supuesta conclusión, lo que —de confirmarse— dejaría en evidencia serias falencias en la articulación entre la ANDIS y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo encargado de informar los fallecimientos al resto del Estado. “Resulta difícil de comprender que no se haya conformado un padrón actualizado y articulado en todo este tiempo”, señalaron.
Prestadores bajo sospecha sin pruebas
Otro de los puntos más críticos fue el intento de vincular esta situación con los prestadores. Desde el Foro advirtieron que sugerir facturaciones a nombre de personas fallecidas implica acusaciones graves, que deben ser debidamente probadas, investigadas y sancionadas, y no utilizadas para generar sospechas generalizadas.
Recordaron que organismos como PAMI, Incluir Salud, obras sociales y prepagas autorizan previamente cada prestación y realizan controles mensuales, por lo que cualquier irregularidad sostenida implicaría la responsabilidad de múltiples actores del sistema.
Finalmente, el Foro Permanente de Discapacidad exigió a la ANDIS que acompañe sus afirmaciones con datos precisos sobre el supuesto perjuicio económico, y reclamó que los funcionarios responsables brinden las aclaraciones necesarias para resguardar la buena reputación de las personas con discapacidad y de los prestadores, evitando estigmatizaciones y sospechas infundadas.
“La difusión de este tipo de información, sin precisiones ni contexto, expone fallas graves del propio Estado y genera desconfianza social hacia uno de los sectores más vulnerables”, concluyeron.
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