La decisión judicial se dictó luego de que una investigación revelara movimientos sospechosos de dinero, incluyendo el vaciamiento de dos cajas de seguridad tras desatarse el escándalo por la criptomoneda.
Nacionales15/05/2025
La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de bienes por un plazo de 90 días contra Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, y los empresarios Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la creación y manejo de la criptomoneda $Libra. La medida también alcanza a dos familiares directos de Novelli.
La decisión judicial se dictó luego de que una investigación revelara movimientos sospechosos de dinero, incluyendo el vaciamiento de dos cajas de seguridad en el Banco Galicia por parte de Novelli, apenas tres días después de que estallara un escándalo que salpica directamente al Presidente de la Nación.
De acuerdo con un informe de la Policía Federal, el 4 de febrero pasado Novelli accedió a las cajas de seguridad en la sucursal de Martínez en la Provincia de Buenos Aires. Una semana más tarde, su madre, María Alicia Rafaele, y su hermana, María Pía Novelli, retiraron el contenido restante con un bolso, maniobra que quedó registrada en las cámaras de seguridad del banco. Ambas contaban con autorización del empresario para hacerlo.
Ante estos hechos, Servini dispuso el congelamiento inmediato de los activos tanto de Novelli como de Terrones Godoy, así como una serie de allanamientos dirigidos al entorno familiar y empresarial de los acusados. En una de estas diligencias, se halló vacía otra caja de seguridad a nombre de la madre de Novelli.
La investigación se da en un contexto de creciente presión política: desde la oposición se volvió a pedir la reactivación de la comisión investigadora de la criptomoneda $Libra, con el objetivo de que funcionarios del Ejecutivo brinden explicaciones públicas.
La jueza ya comunicó la resolución a los organismos correspondientes y continúa la recolección de pruebas para determinar la posible comisión de delitos financieros.
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