Martín Perez pidió revisar medidas que afectan la producción de celulares

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profunda preocupación por las medidas anunciadas este jueves por el Gobierno nacional, que modifican los procesos productivos de los celulares fabricados en Tierra del Fuego. Según evaluó, la nueva normativa podría derivar en la pérdida de al menos 400 puestos de trabajo industriales, agudizando la delicada situación económica que atraviesa la ciudad.

Perez remarcó que estos cambios se suman al decreto 333/25, que eliminó la protección arancelaria a los productos fueguinos y encendió las alarmas respecto del futuro del empleo industrial en la provincia.

“Es muy preocupante lo que está sucediendo en nuestra ciudad”, alertó el jefe comunal. “Lo advertimos desde el primer día en que se comunicó el decreto 333/25 y los efectos negativos que tendría sobre el empleo local. Ahora se publica una nueva resolución que modifica los procesos productivos de los teléfonos celulares, lo que podría derivar en una pérdida de por lo menos 400 empleos en el sector”.

El Intendente llamó a las autoridades nacionales a revisar estas decisiones y a considerar el impacto social que generan. “Necesitamos que el Gobierno nacional comprenda el daño que estas medidas provocan. La situación económica en Río Grande es alarmante y en los próximos meses podría volverse crítica si continúa el crecimiento del desempleo y la abrupta caída de la actividad económica”, señaló.

Perez subrayó que las medidas no sólo afectan a los trabajadores de las fábricas, sino que repercuten en toda la ciudad. “Menos empleo significa menos consumo en los comercios, menos movimiento económico y más incertidumbre en las familias. Cada puesto de trabajo que se pierde impacta en una casa, en una mesa, en un proyecto de vida”.

El jefe comunal afirmó que recibe diariamente el testimonio de vecinos preocupados por la pérdida de empleo. “La angustia por el trabajo no es un dato estadístico, es una preocupación real que está presente en cada hogar. Defender la industria fueguina es defender el futuro de miles de familias”.

Finalmente, Perez recordó que la Ley 19.640 y el subrégimen industrial representan una política estratégica para el país. “Nuestra industria es trabajo y es soberanía en el extremo sur del país. Debilitar el empleo es debilitar nuestra presencia soberana. Retroceder en este camino es retroceder 50 años en una de las pocas políticas de Estado que dieron estabilidad, arraigo y permanencia territorial”, concluyó.