El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió implementar un paquete de medidas de austeridad como consecuencia de la reconducción del presupuesto provincial 2025, que derivó en una reducción cercana al 14% de los recursos asignados al Poder Judicial. El ajuste impactará en el funcionamiento operativo del sistema, aunque no alcanzará los sueldos de jueces y funcionarios.
La decisión fue formalizada mediante una acordada firmada por los integrantes del máximo órgano judicial de la provincia, en la que se establecen restricciones en compras, obras, viáticos, concursos y designaciones de personal, con el objetivo de adecuar el gasto al nuevo escenario presupuestario definido por el Poder Ejecutivo a través del Decreto Nº 32/2026.
Entre las principales medidas, el Tribunal dispuso limitar la adquisición de bienes e insumos a aquellos estrictamente indispensables, suspender la compra de equipamiento informático salvo autorización excepcional y restringir el uso de la caja chica a situaciones urgentes. También se resolvió suspender el pago de viáticos, reducir comisiones de servicio y paralizar nuevas locaciones de inmuebles.
En el plano de los recursos humanos, la acordada establece la suspensión de concursos, promociones, ascensos y nuevas designaciones, mientras persista la actual restricción presupuestaria. Las obras públicas quedarán sujetas a disponibilidad de fondos, manteniéndose únicamente aquellas cuya interrupción implique riesgos estructurales o mayores costos, como el muro de contención del edificio del Superior Tribunal.
El documento remarca que las medidas tienen carácter transitorio, serán evaluadas cada 90 días y no deberán afectar el acceso a la justicia ni la atención de causas urgentes, especialmente en materias sensibles. No obstante, el ajuste excluye expresamente el capítulo salarial de magistrados y funcionarios, que permanecerá sin modificaciones pese al recorte general.
Finalmente, se instruyó a la Secretaría de Superintendencia y Administración a realizar informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria y el impacto de las medidas, mientras se insta a todas las dependencias judiciales a extremar el ahorro en energía, insumos, impresiones y uso del parque automotor, priorizando herramientas digitales.
