El oficialismo encara una semana decisiva en el Senado con el objetivo de sancionar el ambicioso proyecto de reforma laboral. La iniciativa, que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados, propone una reestructuración integral de la Ley de Contrato de Trabajo, con un enfoque que busca descentralizar la negociación colectiva y otorgar mayores facultades de gestión al sector empleador.
A continuación, los ejes centrales de la normativa que promete transformar las relaciones laborales en la Argentina:
El proyecto introduce un cambio de paradigma: los convenios por empresa tendrán prioridad sobre los de ámbito mayor. Además, se limita la ultraactividad: cuando un convenio venza, solo se mantendrán las condiciones de trabajo, pero no el resto de los beneficios negociados, forzando a una actualización constante de los acuerdos.
Si bien se mantiene el cálculo de un mes de sueldo por año de servicio, la letra chica establece que no se incluirán conceptos de pago no mensuales (como el aguinaldo o premios anuales) en la base resarcitoria. Asimismo, se crea el Fondo de Asistencia Laboral, un sistema de capitalización para financiar despidos mediante aportes mensuales de las empresas.
La reforma habilita la compensación de horas dentro de una misma semana. Se podrá trabajar hasta 12 horas diarias, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre jornadas y no se supere el máximo legal semanal. Esto elimina, en la práctica, el pago de horas extras tradicionales en favor de una "flexibilidad horaria".
Uno de los puntos más polémicos es la declaración de "servicios esenciales" y "trascendentales".
Esenciales: Deberán garantizar el 75% de prestación (salud, educación, transporte).
Trascendentales: Deberán garantizar el 50%.
Bloqueos: Se tipifican como "infracciones muy graves" aquellas medidas de fuerza que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran al paro.
Se impone un tope del 2% a las cuotas solidarias que los sindicatos retienen a no afiliados. Además, las asambleas en los lugares de trabajo requerirán autorización del empleador y se limitará el crédito horario de los delegados a 10 horas mensuales.
La norma elimina la responsabilidad solidaria de las empresas que contraten a terceros. Así, el trabajador solo podrá accionar contra su empleador directo (la contratista), desvinculando a la empresa principal de eventuales litigios laborales.
Los repartidores de plataformas digitales serán considerados "prestadores independientes", descartando la relación de dependencia, aunque se les exigirá un seguro de accidentes. Por otro lado, se deroga la actual Ley de Teletrabajo en busca de un esquema más flexible.
Se crea el Régimen de Inversiones para la Pequeña y Mediana Empresa (RIMI), que otorga beneficios en Ganancias e IVA para nuevos proyectos. También se establecen facilidades para pagar sentencias judiciales en hasta 12 cuotas para las Pymes.
Se legaliza la posibilidad de abonar salarios en moneda extranjera. Respecto a la antigüedad, se establece un límite: si un trabajador reingresa a una empresa tras dos años de haber cesado, no se le computará el tiempo de servicio anterior.
El proyecto no solo es laboral; incluye la derogación de impuestos internos a bienes de lujo (aviones, embarcaciones) y celulares. En el plano judicial, se dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, un reclamo histórico de diversos sectores políticos.
