El Gobierno nacional sufrió un importante revés legislativo y resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía modificar el régimen de compra y tenencia de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La decisión fue adoptada a pocas horas del debate previsto en el Senado, luego de que La Libertad Avanza confirmara que no contaba con los votos necesarios para aprobar uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa.
El retroceso del oficialismo se produjo en medio del rechazo expresado por distintos gobernadores, la pérdida de apoyo de bloques aliados y la fuerte presión política y social que despertó la propuesta en varias provincias, donde se advirtió sobre el impacto que podría tener una flexibilización del régimen de tierras rurales.
La resolución fue acordada durante una reunión encabezada por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, junto a legisladores de espacios aliados, quienes coincidieron en postergar el tratamiento del capítulo referido a la Ley de Tierras para evitar una derrota mayor en el recinto.
Durante las negociaciones previas a la sesión, varios mandatarios provinciales comunicaron que sus senadores no acompañarían la reforma impulsada por el Gobierno.
Entre ellos se encontraban Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén), cuyos representantes terminaron inclinando la balanza en contra del oficialismo.
La falta de consenso también alcanzó a sectores de la UCR, el PRO y otros bloques provinciales, obligando a La Libertad Avanza a resignar uno de los principales objetivos legislativos impulsados por el Ministerio de Desregulación.
La modificación de la Ley de Tierras era considerada una de las reformas más sensibles del proyecto. El texto proponía flexibilizar el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, una iniciativa que despertó cuestionamientos de gobernadores, legisladores provinciales, organizaciones rurales y distintos sectores políticos que advirtieron sobre las consecuencias para provincias con amplias extensiones de territorio estratégico, como Tierra del Fuego.
De hecho, en los últimos días varias legislaturas y dirigentes provinciales comenzaron a impulsar iniciativas para reforzar mecanismos de protección sobre las tierras consideradas estratégicas.
Tras retirar ese capítulo, el oficialismo también decidió excluir las modificaciones vinculadas a los barrios populares y concentrar la discusión en los puntos que cuentan con mayor respaldo parlamentario.
Entre ellos figuran reformas al régimen de desalojos, modificaciones al sistema de expropiaciones, cambios en la Ley de Manejo del Fuego, la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble y distintos artículos del Código Civil y Comercial.
En un comunicado, el bloque oficialista aseguró que la decisión fue adoptada por consenso entre los espacios que integran la coalición legislativa. "La postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes", señalaron.
La marcha atrás representa una de las derrotas parlamentarias más importantes para el Gobierno en las últimas semanas y deja en evidencia las dificultades del oficialismo para reunir mayorías cuando se trata de reformas de fuerte impacto político.
También supone un traspié para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de la iniciativa, quien originalmente promovía una apertura mucho más amplia respecto de la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
