Una importante decisión sobre los terrenos de la Reserva Corazón de la Isla, protegidos por una Ley, se vivirá este jueves cuando los legisladores traten en sesión especial el proyecto que busca poner fin al litigio judicial de hace más de 20 años.
La convocatoria fue realizada por los bloques de la UCR – Cambiemos y MPF, tras lo encuentros con el área Técnica y Fiscalía de Estado la semana pasada en donde se habló de la implicancia de resolver la situación por la cual la ciudadana, Mirna Antunovic de Bridge reclama que se le vendan 10 mil hectáreas.
Desde las 11 de la mañana, se tratará el asunto Nº 669/18 del Poder Ejecutivo provincial sobre nota 369/18 donde adjunta el Decreto provincial Nº 620/16 según lo establecido en el artículo 8 de la Ley provincial Nº 313.
El artículo en cuestión sostiene que “las adjudicaciones conforme a la extensión de tierras de que se trate, serán resueltas bajo los siguientes parámetros: Inciso C) a partir de una superficie de ciento una (101) hectáreas, además de resolverse mediante decreto con acuerdo general de Ministros, se requerirá la ratificación del Poder Legislativo”, indicaron desde la Legislatura.
Por un lado, la Justicia intima al Estado provincial a poner en venta esos terrenos, pero por el otro son los legisladores que deben ratificar o no su venta. De aprobarse el proyecto esto generará un fuerte costo político ya que justamente se tratan de terrenos que se encuentran protegidos para la conservación del medio ambiente y que insólitamente se reclaman para uso particular.
La legisladora de la UCR, Liliana Martínez Allende, había declarado el pasado viernes que “nosotros no estamos de acuerdo que se le ceda los terrenos a Antunovic de Bridge, aunque entendemos que hay fallos judiciales”.
La parlamentaria dijo que “hay que llegar hasta las últimas consecuencias y esto va a traer un costo político, pero estoy a favor de no entregar a esas hectáreas, ni mi bloque ni yo, como también del Movimiento Popular Fueguino y algunos oficialistas, aunque ellos tienen que aceptar la bajada de línea”.
Para la Legisladora aún quedan muchas cuestiones de explicar como por ejemplo “se hablaba de 3500 hectáreas y ahora son 10 mil”.
“Nosotros hemos tenidos reuniones con ONG ambientalistas que plantean que eso no se puede vender, pero nosotros tenemos que tener apego a la ley y cuando me llamen, me van a llamar a mí”, agregó en Radio Nacional Ushuaia.
