Las economías regionales llevaron a Sica propuestas para mejorar la agroindustria

Una comitiva de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), encabezada por el presidente de la entidad, Gerardo Díaz Beltrán, llevó una serie de propuestas para mejorar la agroindustria nacional ante el acuerdo Mercosur-UE, ante el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica.

Según se destacó, el documento propone medidas para alcanzar previsibilidad y reglas de juego claras en torno a una nueva política laboral y social; un régimen tributario que aliente la generación de empleo; financiamiento para los productores Pyme a tasas razonables; el desarrollo de un mercado interno dinámico e inclusivo; la seguridad alimentaria como política pública para cumplir con el acuerdo Mercosur-UE; un plan de infraestructura y la sanción de la Ley Pyme 2.0 que contemple las asimetrías de la estructura productiva nacional, así como también la heterogeneidad regional.

Por su parte, Sica aseguró que “el acuerdo tiene un impacto inmediato porque estamos dando un salto de calidad institucional y porque baja la incertidumbre de los inversores”.

"El objetivo es alcanzar el 30 % del PBI mundial, lo que significa que nuestras Pymes podrán llegar a un mercado de 500 millones de habitantes, generando reglas claras, transparencia, previsibilidad y el acceso a una oferta diversa, de mayor calidad de productos a precios más competitivos para nuestras agroindustrias y consumidores", indicaron desde CAME.

El documento propone: 

► En la actualidad, el gran desafío de Argentina es poder insertarse inteligentemente en el mundo con agroalimentos más diferenciados y/o con valor agregado, a fin de satisfacer las más altas exigencias de los consumidores.

►EMPLEO Fomento al Primer Empleo: contemplar exenciones de contribuciones patronales para pymes que contraten a trabajadores de entre 18 y 24 años. Propuesta:100% durante los primeros 12 meses, 60% en el segundo año, y 40% durante el tercero.

► Dificultad para registrar trabajadores temporarios: sería importante poder simplificar el proceso de registración de los trabajadores temporarios rurales y reformular la metodología de liquidación de jornales.   Tareas como la poda, el raleo y la cosecha, demandan una gran cantidad de mano de obra temporaria. Los empleadores tienen la obligación de dar el alta cuando la persona se presenta a trabajar en la finca, observándose algunos inconvenientes como, por ejemplo:

1. Trabajadores que acuden al trabajo sin la documentación correspondiente para dar el alta, por lo que comienzan a trabajar bajo la promesa de presentarla al día siguiente; o trabajadores que acuden con documentación “dudosa o ilegible” y, al ser cargada en sistema, el alta es rechazada (con los riesgos que esto conlleva si llegase a haber una inspección).

2. Trabajadores que son perfectamente dados de alta, pero trabajan en la finca dos o tres días y luego se van a trabajar a otra. Sin embargo, el empleador desconoce esta situación, porque en época de cosecha es difícil controlar la asistencia. Pese a esto, los empleadores rurales están obligados a liquidar el jornal de cada uno de los trabajadores que están dados de alta, aunque no cosechen ni desempeñen sus tareas.

► Modernización del Régimen Laboral: con respecto a la finalización del contrato laboral de los trabajadores temporarios, debería implementarse un sistema similar al de la Construcción, en el que una vez concluida la tarea se termina la relación laboral entre empleador y empleado.

► Plan Empalme: se observa que el llamado “empalme” –con el Programa Social- no se produce inmediatamente después de finalizada la relación laboral (baja ante AFIP). Gran parte de los beneficiarios de los planes temen “quedarse sin nada” mientras se produce este enlace, decidiendo no formar parte del Plan Empalme. Habría que agilizar el cruce de datos entre ANSES y AFIP, para que el empalme se produzca automáticamente. 

► Industria del Juicio: la posibilidad de realizar reclamos por doble vía (ART y Justicia), perjudica seriamente a las pymes. El exceso de litigiosidad atenta contra el empleo y la inversión. 

►RÉGIMEN TRIBUTARIO: Debemos “dar el salto” desde un sistema tributario regresivo, que atenta contra el consumo y la producción, a otro de perfil social y productivista, que aliente la generación de empleo y el crecimiento sostenido. Para ello, el sector de Economías Regionales de CAME considera necesario:

► Combustibles: establecer mecanismos para reducir los impuestos a los combustibles para el transporte terrestre.

► Derechos de Exportación: solicitamos su quita gradual, ante la falta de rentabilidad y competitividad de las economías regionales. 

► Reintegros a la Exportación: respecto a la reducción de los reintegros y su impacto directo en la rentabilidad de las economías regionales, solicitamos contemplar una suba en las alícuotas.

► Rediseñar el esquema tributario, a fin de evitar la superposición de tasas y tributos en los tres niveles: municipal, provincial y nacional.

► Ingresos Brutos: eliminar este impuesto distorsivo en los segmentos restantes.
Impuesto al Cheque: al no tener ganancias, es un costo impositivo. Por ello, solicitamos su suspensión.

► Base tributaria: requerimos su ampliación para disminuir la presión fiscal, además de reducir los índices de evasión. Incentivos fiscales para aquellas empresas que cuenten con un Sello de Triple Impacto. Proponemos una reducción del 0.5% en los derechos o una mejora del 0.5% en los reintegros a la exportación. Contemplar en Ley Pyme 2.0.

El documento establece otras propuestas para mejorar el sector como el desarrollo de conexiones de Internet en zonas rurales, mercado interno con un "precio justo, de equilibrio", reforma financiera, entre otros.